Una reciente resolución ministerial en Perú, que aprueba el listado de microempresas a ser fiscalizadas por los Gobiernos Regionales durante 2026, reavivó un antiguo debate en el país: ¿están realmente preparadas las administraciones regionales para asumir una función tan específica y crucial como la inspección del trabajo?
Si bien la descentralización es una política pública necesaria, no puede limitarse a una mera transferencia de competencias. La experiencia demuestra que la inspección laboral demanda personal altamente especializado, procedimientos estandarizados, recursos logísticos suficientes y capacidades técnicas que, en muchos casos, los gobiernos regionales aún no han desarrollado por completo. Esto plantea serios interrogantes sobre la efectividad de la medida.
Paradójicamente, la propia Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), a nivel nacional, sigue afrontando desafíos significativos para ofrecer un servicio oportuno y uniforme. Existen trámites que se extienden demasiado y cuestiones sensibles, como los despidos arbitrarios, que escapan a su órbita al ser competencia del Poder Judicial. Si el sistema nacional ya presenta limitaciones, es legítimo preguntarse si trasladar estas funciones a entidades con menores capacidades mejorará la protección de los derechos laborales.
El riesgo es considerable. Una inspección laboral que carezca de estándares homogéneos y recursos adecuados podría afectar tanto la protección de los derechos sociolaborales de los trabajadores como la seguridad jurídica que las empresas necesitan para operar. La incertidumbre en la aplicación de las normativas termina desalentando la inversión, incrementando los conflictos y restando competitividad al país.
Las microempresas, fundamentales para el emprendimiento y el empleo en Perú, requieren un marco regulatorio que fomente su formalización, acompañe su crecimiento y promueva el cumplimiento de la legislación laboral mediante asistencia técnica y una fiscalización eficiente, en lugar de enfrentar mayor incertidumbre administrativa. Una transferencia de competencias sin un fortalecimiento institucional previo difícilmente contribuirá a este objetivo.
La descentralización solo será exitosa si se acompaña de un verdadero proceso de fortalecimiento institucional: una transferencia gradual de competencias, capacitación constante, inducción especializada, presupuesto suficiente, herramientas tecnológicas y mecanismos de supervisión que aseguren criterios uniformes en todo el territorio nacional. De lo contrario, se corre el riesgo de descentralizar no solo las funciones, sino también las deficiencias del sistema.
Fuente original: Infobae