Un nuevo capítulo de controversia sacude la política colombiana tras la denuncia de Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, quien alertó sobre un supuesto intento del gobierno de Gustavo Petro de redirigir 1,2 billones de pesos colombianos. Estos fondos, inicialmente comprometidos para obras de infraestructura en la región de La Mojana, serían destinados ahora a la atención de la emergencia provocada por el fenómeno de El Niño, generando un fuerte debate en diversos sectores del país.
En un giro inesperado, Sandra Ortiz, exconsejera Presidencial para las Regiones y actualmente investigada por el resonante escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), salió en defensa de Rodríguez. A través de sus redes sociales, Ortiz no solo respaldó la denuncia de su colega, sino que también destacó la «valentía» necesaria para exponer hechos de corrupción, haciendo alusión a las amenazas de muerte que Rodríguez habría recibido.
Ortiz, quien enfrenta su propio proceso judicial en libertad y clama inocencia ante las acusaciones de haber coordinado y entregado sobornos millonarios vinculados a la Ungrd, comparó la situación de Rodríguez con su propia experiencia. Aseguró haber sido víctima de intimidaciones para evitar que revelara su versión sobre la trama de corrupción, reafirmando su convicción de que «la verdad siempre sale a la luz» y que la justicia debe determinar a los responsables de la apropiación de recursos públicos.
Por su parte, Angie Rodríguez detalló que los fondos en cuestión ya estaban aprobados y con ejecución programada hasta 2029 mediante decretos previos. La funcionaria enfatizó que la potencial reasignación de estos recursos respondería a «criterios de oportunidad política» y no a una evaluación técnica, jurídica, financiera o presupuestaria adecuada, y denunció que su entidad nunca fue convocada a mesas técnicas para analizar la viabilidad del traslado. La polémica escaló cuando el presidente Petro pidió públicamente su destitución, acusándola de manipular la función pública en beneficio propio y criticando a la prensa por el cubrimiento del caso, llegando incluso a mencionar una incapacidad médica de Rodríguez por una enfermedad psiquiátrica.
Fuente original: Infobae