La ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, ha dado un paso trascendental al oficializar su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este organismo, pilar de las Naciones Unidas desde su fundación en 1919, es el encargado de establecer los estándares laborales a nivel mundial. De ser electa en noviembre de 2026, Díaz se convertiría en la primera mujer y la primera española en ocupar este cargo, al frente de una institución que agrupa a 187 Estados miembros y que actualmente enfrenta una delicada crisis financiera, con una deuda significativa de 257 millones de francos suizos (equivalentes a unos 315 millones de dólares) por cobrar a Estados Unidos.
La OIT, que en 1946 se convirtió en la primera agencia especializada de la ONU y recibió el Premio Nobel de la Paz en 1969, opera bajo la premisa de que la justicia social es fundamental para una paz duradera. Aunque no posee la facultad de sancionar directamente a los países, su influencia es innegable y de largo alcance. Los convenios que aprueba se transforman en tratados internacionales que, una vez ratificados por los Estados, los obligan legalmente a adaptar sus propias legislaciones laborales. Así, las normativas sobre trabajo infantil, jornadas máximas o salarios mínimos pueden generar cambios profundos en las leyes nacionales de cualquier parte del planeta.
Lo que distingue a la OIT de otras entidades multilaterales es su singular estructura tripartita. Es el único organismo de la ONU donde la voz y el voto no recaen exclusivamente en los gobiernos. Cada delegación nacional en la Conferencia Internacional del Trabajo, su máximo órgano de decisión, está compuesta por dos representantes gubernamentales, un delegado de empleadores y un delegado de trabajadores, todos con voto propio. Esta arquitectura institucional busca asegurar que sindicatos y organizaciones empresariales tengan un peso equiparable al de los Estados en la formulación de las normas laborales internacionales.
El organismo se articula a través de tres cuerpos principales: la Conferencia Internacional del Trabajo, que se reúne anualmente para definir políticas y estándares globales; el Consejo de Administración, su órgano ejecutivo que sesiona tres veces al año para fijar programas y presupuestos; y la Oficina Internacional del Trabajo, que funciona como la secretaría permanente, encabezada por un Director General elegido cada cinco años. Los convenios internacionales del trabajo son su herramienta central, siendo tratados legalmente vinculantes para los países que los ratifican y que protegen derechos fundamentales como la libertad de asociación, la negociación colectiva y la abolición del trabajo forzoso e infantil.
Fuente original: Infobae