Se cumplen diez años de la violación grupal de ‘La Manada’ en los Sanfermines de 2016, un evento que no solo conmocionó a Pamplona y al resto de España, sino que también desató un profundo debate global sobre el consentimiento y los límites de las agresiones sexuales. Aquel estallido de indignación popular, impulsado por el grito de ‘Yo sí te creo’, trascendió las fronteras y forzó una revisión colectiva de la sociedad.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 7 de julio de 2016, cuando una joven madrileña de 18 años denunció haber sido abusada sexualmente por cinco hombres que se autodenominaban ‘La Manada’ en un chat. Horas después, los cinco individuos (Alfonso Jesús Cabezuelo, José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero y Ángel Boza) fueron detenidos e ingresaron en prisión provisional sin fianza, donde aún permanecen.
Este caso se convirtió en un punto de inflexión crucial en la lucha contra las agresiones sexuales, otorgando mayor visibilidad al problema y generando una ola de solidaridad masiva con las víctimas. La reacción social, que comenzó en las calles de Pamplona y se extendió por toda España, fue el germen de la Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del ‘solo sí es sí’. Esta legislación eliminó la distinción entre abuso y agresión, colocando el consentimiento en el centro del debate, aunque también generó controversias por la reducción de algunas condenas, incluyendo las de tres miembros de ‘La Manada’.
Diez años después, autoridades como el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, afirman que el episodio marcó “un antes y un después”, evidenciando la brecha entre el avance social y ciertos sectores de la judicatura. Subrayó que el caso visibilizó “el impuesto de inseguridad” que las mujeres pagan diariamente. Desde el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), Patricia Abad destacó la indignación y el orgullo de ver la respuesta social impulsada por el movimiento feminista.
La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Esther Erice, quien presidía la Audiencia Provincial de Navarra en 2016, resaltó la madurez de la sociedad ante el rechazo unánime a la violación. Además, enfatizó las mejoras introducidas en el poder judicial, como el incremento de la formación para jueces y magistrados, el refuerzo del trabajo en red institucional y la especialización de los juzgados, así como la preservación de la intimidad de las víctimas.
Fuente original: Infobae