Un fuerte cimbronazo político sacude a Colombia tras la explosiva declaración de Miguel Uribe Londoño, padre del precandidato presidencial asesinado en 2025, quien afirmó que el presidente Gustavo Petro estaba al tanto del plan para atentar contra la vida de su hijo, Miguel Uribe Turbay.
La denuncia, realizada por Uribe Londoño en sus redes sociales, se desató luego de que se hiciera público un preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Élder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”, señalado como uno de los principales coordinadores del magnicidio. Para la familia Uribe, esta decisión judicial no solo representa un revés para la justicia, sino que también reabre el debate sobre la impunidad en crímenes políticos de alto impacto en el país.
El acuerdo, que fue aprobado por una jueza en Bogotá, estableció una condena de 26 años y tres meses de prisión para “Chipi”, una pena considerablemente menor a los 60 años que podría haber enfrentado en un juicio ordinario. Asimismo, se acordó una condena de 21 años y nueve meses para William Fernando González Cruz, alias “El Hermano”, quien fue identificado como cómplice clave en la planificación del asesinato. Ambos fueron imputados por delitos como homicidio agravado, tentativa de homicidio, asociación ilícita, portación ilegal de armas y el uso de menores en la comisión de delitos, recordando que el autor material del crimen fue un joven de 15 años.
Uribe Londoño ha exigido a las autoridades que profundicen la investigación para dar con los autores intelectuales del crimen, insistiendo en que la tarea primordial de la Fiscalía debe ser identificar a quienes dieron la orden de asesinar a su hijo. La familia considera que la reducción de condena para “Chipi” envía un mensaje de impunidad que desalienta a las víctimas y que no colaboró efectivamente con la justicia, a pesar de los avances previos en la investigación.
El asesinato de Miguel Uribe Turbay conmocionó a la sociedad colombiana y es considerado un atentado contra la democracia. Si bien la Fiscalía ha avanzado en la judicialización de coordinadores y autores materiales, la familia persiste en su reclamo de esclarecer la cadena de mando completa y determinar quiénes ordenaron la ejecución de este crimen, que las autoridades atribuyen a la estructura criminal conocida como Segunda Marquetalia.
Fuente original: Infobae