El proceso de transición gubernamental en Colombia, conocido como «empalme», ha comenzado con la mira puesta en la administración saliente de Gustavo Petro y el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella. Las primeras reuniones ya se llevaron a cabo, con Germán Ávila coordinando por el gobierno actual y José Manuel Restrepo por la futura gestión, quien fue designado al frente del programa «Arca de Noé». Este último ya levantó fuertes cuestionamientos sobre las decisiones tomadas en los últimos meses del mandato de Petro.
El equipo de De la Espriella, compuesto por más de 1.300 expertos divididos en 22 mesas técnicas, tiene la tarea de auditar la situación de cada ministerio y contrastar la información proporcionada. Además, se anunció un «empalme territorial» para evaluar proyectos financiados con fondos nacionales en gobernaciones y alcaldías, con el objetivo de preparar la implementación de las políticas del nuevo gobierno a partir del 7 de agosto. El presidente saliente, Gustavo Petro, desde Roma, se mostró a favor de la transparencia, proponiendo que todas las sesiones del empalme sean transmitidas públicamente.
Sin embargo, el punto de mayor fricción surgió cuando José Manuel Restrepo, coordinador del empalme por parte del gobierno entrante, cuestionó enérgicamente la continuidad de contrataciones y nombramientos «de última hora» por parte de la administración de Petro. Restrepo advirtió que estas decisiones, especialmente los «contratos billonarios» en áreas como el Ministerio de Defensa y las «contrataciones masivas», podrían «comprometer al Estado de por vida» y generar una «carga fiscal» insostenible para el país. «Yo entiendo que ustedes gobiernen hasta el último día. Lo que no entiendo es que ustedes comprometan al Estado de por vida», sentenció.
El equipo de De la Espriella no solo alertará a la opinión pública sobre estas posibles irregularidades, sino que también las informará a la Contraloría y a la Procuraduría General de la Nación. Restrepo incluso mencionó la posibilidad de solicitar una revisión por parte de la Fiscalía General si se encuentran razones suficientes. Asimismo, se ha hecho un llamado a preservar toda la documentación oficial, tanto física como digital, y a hacerla pública a través del Departamento Nacional de Planeación, ante los rumores de cambios estructurales en entidades y en las plantas de personal.
Estas advertencias dejan en claro que la transición no será un mero trámite formal. El gobierno entrante busca una revisión exhaustiva para comprender en detalle lo que hereda y cuáles son los riesgos que identifica antes de asumir el poder, marcando un inicio de gestión con un fuerte énfasis en la auditoría y la transparencia.
Fuente original: Infobae