Una fuerte controversia sacude a Colombia por una serie de contratos millonarios adjudicados de manera directa por la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR). Se trata de acuerdos en el área tecnológica que superan los 42.000 millones de pesos, generados en un momento clave: previo a las elecciones y al cambio de administración.

La polémica se encendió tras una investigación de «El Tiempo» que puso en tela de juicio no solo estos contratos, sino también recientes nombramientos de notarios. La entidad justificó las adjudicaciones directas argumentando la existencia de «riesgos críticos e inminentes en materia de ciberseguridad», como ataques y secuestros de información, que exigían una respuesta inmediata.

Entre los acuerdos señalados, se destaca un contrato por más de 7.300 millones de pesos con la firma Infotic para servicios de ciberseguridad, que inicialmente tenía un plazo de una semana y luego se extendió. Otro acuerdo directo, por más de 16.000 millones de pesos, fue otorgado a Colombia Digital para fortalecer la seguridad de la información, firmado el último día hábil para este tipo de contrataciones antes de los comicios.

Críticos y el equipo de transición del nuevo gobierno de Gustavo Petro, liderado en el área de Justicia por Iván Cancino, ya anunciaron que estos procesos serán exhaustivamente revisados en el marco del «Empalme Anticorrupción». La SNR, por su parte, insiste en que las contrataciones directas son herramientas legales válidas y que cada contrato responde a necesidades específicas y diferenciadas, negando irregularidades.

Esta situación se enmarca en un contexto más amplio donde la administración saliente de Colombia ha avanzado en contratos y compromisos económicos por más de 57 billones de pesos en diversos sectores, aprovechando el levantamiento de la Ley de Garantías. Los ojos de la opinión pública y de las autoridades de control están puestos sobre la transparencia y la legalidad de estas maniobras contractuales en la recta final del gobierno.

Fuente original: Infobae