La jueza Cristina Lombana, integrante de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, se encuentra en el centro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El caso surge a partir de un informe elaborado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que detectó importantes inconsistencias entre los bienes que la magistrada declaró oficialmente y los que efectivamente le fueron identificados por organismos fiscales y tributarios.
La pesquisa fue impulsada por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, y según informó el programa Reporte Coronell de Caracol Radio, el crecimiento patrimonial de Lombana desde que asumió funciones en la Sala de Instrucción del máximo tribunal —en 2018— resulta llamativo: ese año su patrimonio era de $1.018 millones de pesos colombianos, pero para 2024 trepó hasta los $3.402 millones, más del quíntuple respecto de los $651 millones que declaraba en 2017.
El punto más sensible del informe aparece en la comparación correspondiente al año 2022: mientras Lombana declaró un patrimonio de $2.469 millones, las fuentes tributarias consultadas por la UIAF —entre ellas la DIAN, equivalente a la AFIP argentina— solo pudieron verificar $596,5 millones en activos concretos. La diferencia, de casi $1.873 millones, encendió las alarmas de los investigadores. Además, el organismo señaló que entre 2022 y 2024 el promedio anual de esa brecha patrimonial fue de $2.025 millones, y que apenas el 33% del patrimonio total declarado cuenta con respaldo documental aportado por terceros.
En materia inmobiliaria, el informe identificó trece propiedades registradas a nombre de la magistrada —o vinculadas a ella— en ciudades como Bogotá, Medellín, La Calera y Ricaurte. Siete están inscriptas directamente a su nombre y, valuadas por avalúo catastral, suman $1.142 millones; sin embargo, su valor comercial real alcanzaría los $2.916 millones. Los investigadores aclararon que la diferencia entre ambos valores puede ampliar artificialmente las brechas detectadas en los análisis financieros, ya que los avalúos catastrales suelen ser inferiores al precio de mercado.
En cuanto al movimiento bancario, entre septiembre de 2019 y diciembre de 2025 las cuentas de Lombana registraron depósitos por $6.103 millones y retiros por $6.007 millones, según los datos incorporados al expediente.
Ante las acusaciones, la magistrada salió a defenderse públicamente. Explicó que buena parte del crecimiento de su patrimonio se explica por cobros de pólizas de seguros que realizó luego de atravesar una enfermedad oncológica, dinero con el que canceló deudas e hipotecas. También mencionó que recibió un departamento de mayor valor como resultado de un litigio judicial, y que heredó bienes en dos oportunidades: tras el fallecimiento de su abuela y posteriormente de su madre, aunque en este último caso el monto recibido fue de $20 millones compartidos con otro heredero. Agregó que ahorra sistemáticamente entre el 10% y el 30% de su salario en una cuenta AFC y que, en su condición de militar retirada, cobra simultáneamente una pensión por invalidez y el sueldo de magistrada. Por último, atribuyó parte de las diferencias a actualizaciones en los avalúos comerciales de sus propiedades.
Lombana rechazó de plano las imputaciones y las enmarcó en lo que definió como una persecución política en su contra, distanciándose así de cualquier interpretación que apunte a un enriquecimiento de origen ilícito.
Fuente original: Infobae