A pesar de las marcadas diferencias y los interrogantes que aún resuenan en los pasillos, los líderes de las bancadas oficialistas y de la oposición dialoguista en el Senado de la Nación finalmente acordaron una fecha clave: el próximo jueves 16 de mayo. El objetivo de esta convocatoria es intentar dar luz verde a la controvertida Ley de Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que ya generó intensos debates y más de una decena de versiones en su articulado.
La confirmación de la sesión surgió de la reunión de Labor Parlamentaria, encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. En este encuentro, la titular del Senado no ocultó su propio desacuerdo con un punto medular del proyecto: el capítulo referido a la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeras. Esta sección, junto con otras, ha sido objeto de constantes retoques, lo que explica la sorprendente cifra de trece borradores que circularon antes de llegar a esta instancia.
Además de la Ley de Propiedad Privada, la agenda para la próxima semana incluiría la aprobación de una serie de pliegos judiciales largamente demorados, un tema de gran interés para diversas fuerzas políticas. También se espera el tratamiento de ascensos diplomáticos que permanecen estancados desde hace meses, generando complicaciones en la Cancillería. Ante la posibilidad de que no se alcancen los consensos necesarios, las bancadas ya barajan un «plan B»: una nueva convocatoria para sesionar el 6 de agosto, donde podrían abordarse otros proyectos como el de penas por denuncias falsas y la «ley Hojarasca» para eliminar normativas obsoletas.
Tras la reunión de Labor Parlamentaria, las expresiones de los participantes no reflejaron un ambiente de total acuerdo. Entre los presentes estuvieron la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien fue la encargada de confirmar públicamente la fecha de la sesión, junto a referentes como Juliana di Tullio del kirchnerismo y Martín Goerling del PRO, además de senadores radicales y de bloques provinciales. Cabe destacar que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, reconocido como el ideólogo de la Ley de Propiedad Privada, ya defendió el proyecto en el Senado, aunque su exposición no generó demasiadas preguntas por parte de los legisladores.
La iniciativa, que aborda cuestiones como expropiaciones, desalojos y el manejo del fuego, fue significativamente modificada durante su tratamiento en las comisiones. Originalmente, sufrió un revés importante con la eliminación completa del capítulo que afectaba a los barrios populares. Sin embargo, en las últimas semanas, la atención se centró en la problemática de la venta de tierras rurales. Los borradores más recientes del proyecto incluirían una prohibición explícita para que Estados extranjeros adquieran este tipo de propiedades, así como una inhabilitación para empresas con participación estatal extranjera, salvo con autorización provincial y del Poder Ejecutivo Nacional. Estas cláusulas buscan regular un tema sensible y de gran debate en el país.
Fuente original: Infobae

