El Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) podría dejar de recaudar al menos US$1.069 millones anuales, según un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El estudio señala que 7 de los 12 proyectos aprobados ya habían sido anunciados públicamente antes de la implementación del régimen, lo que sugiere que no se están generando inversiones nuevas, sino otorgando beneficios fiscales a proyectos que probablemente se desarrollarían de igual manera.
El informe destaca que el 68,5% de las inversiones comprometidas corresponden a tres proyectos en los que participa la empresa estatal YPF, incluyendo el parque solar El Quemado, inaugurado recientemente, y proyectos como Vaca Muerta Sur y Licuefacción GNL, aún en construcción. Estos beneficios incluyen la reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, exenciones de aranceles de importación y certificados de crédito fiscal.
El mayor impacto fiscal se espera entre 2028 y 2033, cuando los proyectos entren en plena producción. En ese escenario, la reducción de la alícuota de Ganancias generaría una renuncia recaudatoria de aproximadamente US$545 millones anuales, concentrada en proyectos de alta rentabilidad como el GNL de Southern Energy y Los Azules. Por otro lado, las retenciones de exportación resignadas afectarían principalmente al litio y la plata, con un costo anual estimado de US$107 millones.
El presidente Javier Milei anunció recientemente el envío de un proyecto de ‘Súper RIGI’ al Congreso, que profundizaría los beneficios fiscales al reducir aún más el impuesto a las Ganancias, especialmente en sectores como la producción de baterías de litio, hidrógeno verde y data centers. Este nuevo régimen podría incrementar aún más el costo fiscal para el Estado.
El CEPA cuestiona la justificación del Gobierno, que argumenta que las inversiones no existirían sin el RIGI. Sin embargo, el informe documenta que proyectos como El Quemado, Rincón de Litio y Los Azules ya estaban en etapa de evaluación o con inversiones previas a la sanción del régimen. La discusión ahora gira en torno a si estos incentivos fiscales realmente impulsan la economía o si representan un costo ineficiente para el erario público.