El envejecimiento de la población española y la dificultad de muchas familias para cuidar a sus mayores en casa hicieron que los geriátricos se conviertan en una salida cada vez más frecuente. Pero las condiciones en las que funcionan muchos de estos establecimientos están encendiendo las alarmas. De acuerdo con datos difundidos por el canal Betevé y respaldados por especialistas del sector, el costo promedio de una residencia privada en ciudades como Barcelona ya trepó a los 2.500 euros por mes.
El número resulta directamente inalcanzable para una gran parte de los adultos mayores, teniendo en cuenta que muchas jubilaciones no llegan siquiera a los 800 euros mensuales. Maria José Carcelén, directora de la Coordinadora de Residencias 5+1, fue categórica al respecto: la mayoría de las familias sencillamente no está en condiciones de afrontar ese gasto.
La alternativa que les queda es anotarse en las listas de espera para acceder a una plaza en un centro público, donde el costo se calcula según los ingresos del solicitante. El problema es que esa espera puede extenderse entre dos y cuatro años, un período que Carcelén calificó como «demoledor» para quienes necesitan una solución urgente. El sistema, en definitiva, no da abasto con la demanda real.
Otro punto que genera fuertes críticas es la alimentación. En varios centros, los menús se arman con productos ultra procesados, de escaso valor nutricional y prácticamente sin variedad. Esto es especialmente preocupante en personas mayores, que en muchos casos tienen necesidades dietéticas particulares y requieren una alimentación cuidada.
A eso se suma el modelo predominante en el sector: las llamadas «macroresidencias», establecimientos de gran escala donde los residentes suelen compartir habitación y cuentan con muy poco espacio propio. Desde la Coordinadora de Residencias 5+1 insisten en que estos lugares son, ante todo, el hogar de los adultos mayores, y que por eso deberían garantizar condiciones dignas y confortables, algo que dista mucho de ser la norma.
El déficit de personal es otro problema estructural. Las ratios de trabajadores por residente no se actualizan desde 2010, lo que obliga a los empleados a atender a una cantidad de personas que supera ampliamente sus posibilidades. Según Carcelén, la situación actual es «peor que durante la pandemia» y los avances en los últimos años han sido casi inexistentes.
Para colmo, en algunos establecimientos hay trabajadores que no cuentan con la titulación habilitante, lo que genera una preocupación adicional entre las familias. Desde el sector exigen que el Estado ejerza un control mucho más estricto, particularmente sobre los centros privados. Sin embargo, el número de inspectores disponibles es claramente insuficiente para cubrir la totalidad de las residencias.
Frente a este panorama, los referentes del sector reclaman un aumento sostenido de la inversión en dependencia, la construcción de más centros públicos y una reforma profunda de la ley de dependencia. La meta es que los adultos mayores puedan atravesar esta etapa de su vida con la dignidad y los cuidados que se merecen.
Fuente original: Infobae