Lourdes Antonini tenía 20 años, trabajaba para el Ejército argentino y el 4 de diciembre del año pasado perdió la vida de manera trágica mientras caminaba por la calle Chivilcoy al 3600, en el barrio porteño de Villa Devoto. Un cartel publicitario de una obra en construcción se desprendió y le cayó directo en la cabeza. Falleció en el acto.
La autopsia realizada en la Morgue Judicial confirmó que la estructura —una pesada combinación de madera en forma de cubo con características de empalizada de obra— estaba sostenida de manera sumamente precaria y le provocó una hemorragia meningoencefálica. Para colmo, el cartel ni siquiera contaba con habilitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La Justicia avanzó rápidamente sobre los presuntos responsables. El fiscal Andrés Madrea y el juez Darío Bonnano tomaron a su cargo la causa por homicidio culposo. Durante la investigación se identificó a la empresa MMCV, un estudio de arquitectura vinculado al proyecto inmobiliario de esa cuadra, que fue allanada por orden judicial. Entre sus referentes aparece el nombre de Damián Manusovich: empresario del sector inmobiliario, comentarista televisivo y exjugador de San Lorenzo. Además, Manusovich aparece ligado a dos fideicomisos relacionados directamente con la obra.
A mediados de marzo, el fiscal Madrea solicitó que Manusovich y otros cinco sospechosos vinculados a la empresa y a la construcción fueran llamados a declaración indagatoria. Sin embargo, en los últimos días la situación del empresario dio un giro inesperado: llegó a un acuerdo económico con la familia de Lourdes y quedó desvinculado del proceso penal.
El mecanismo utilizado está contemplado en el artículo 34 del Código Procesal Penal Federal, que habilita la reparación económica en casos de delitos culposos cuando el imputado no registra antecedentes penales, como es el caso de Manusovich. Según una fuente consultada, «la familia entendió que una condena de prisión efectiva era casi imposible, que Manusovich terminaría como mucho con una probation, y que obtener una reparación en sede civil sería un proceso largo y difícil».
El fiscal Madrea avaló el acuerdo a pedido de la propia familia Antonini, siguiendo la doctrina vigente que prioriza la voluntad de las víctimas y sus allegados. El juez Bonnano homologó el convenio. El monto —descripto como sumamente elevado y pactado en dólares— se mantiene bajo estricta reserva, aunque fuentes del expediente aseguran que el pago ya fue efectuado y supervisado por la Justicia.
No obstante, la causa no se cierra por completo. Otros imputados directamente vinculados a la construcción continúan siendo investigados, con dos personas procesadas por las presuntas negligencias que derivaron en la muerte de la joven.
Una pericia del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, realizada horas después del accidente, fue clave para sostener la acusación. El informe estableció que el cubo medía más de 2,30 metros de altura, con paneles de madera fenólica de más de 20 kilos cada uno, y que los factores que provocaron el derrumbe fueron tres: una estructura deficiente, ausencia de talud y tierra removida en los alrededores.
En su pedido de indagatoria, el fiscal Madrea señaló que «el gobierno del negocio y el principal benefactor» del proyecto inmobiliario de la calle Chivilcoy estaría en manos de la desarrolladora MMCV Emprendimientos S.A., cuyo socio fundador es Manusovich, y/o de los inversores de los fideicomisos denominados «Boulevard Chivilcoy» y «Boulevard Chivilcoy II». Desde el entorno de la empresa, en cambio, sostuvieron que la obra fue gestionada por esos fideicomisos y que los arquitectos y constructores involucrados son completamente ajenos a MMCV. Sin embargo, el fiscal remarcó que Manusovich figura como firmante del contrato de locación de obra en carácter de comitente personal.
Fuente original: Infobae