El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó una recompensa de $5 millones por cada uno de los ocho prófugos acusados de integrar una organización dedicada al tráfico internacional de armas. La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante la resolución 462/2026, a pedido del Juzgado Federal N°3 de Mendoza, encabezado por el juez Marcelo Fabián Garnica.
Los sospechosos, ciudadanos argentinos y chilenos, permanecen prófugos desde mayo de 2024 con órdenes de captura nacionales e internacionales vigentes. Entre los buscados figuran Franco Simón Basaez Vílchez (alias «El Javi»), Lisandro Eduardo Basaez Morales («El enano petiso»), Aldana Matilde Glaria Orellana (con DNI argentino) y otros. La recompensa se destinará exclusivamente a quienes aporten información útil para la captura.
La ministra Alejandra Monteoliva ordenó a las fuerzas federales difundir afiches de búsqueda en todo el país, mientras la Dirección de Comunicación Institucional amplificará la campaña en medios de comunicación. Paralelamente, el Juzgado Federal de Campana procesó a once personas acusadas de desviar al menos 742 armas ilegalmente entre 2022 y 2026.
La investigación, iniciada tras una denuncia de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), reveló que la organización operaba mediante testaferros, armerías y presuntos facilitadores dentro de organismos de control. El juez Adrián González Charvay identificó a Ricardo Javier Mascato como presunto líder de la banda y le aplicó un embargo de $120 millones.
Los investigadores sospechan que el volumen total de armas desviadas podría superar las 2.000 unidades, parte de las cuales habrían sido enviadas a Chile y Uruguay. El caso refleja la complejidad de la criminalidad organizada y la necesidad de cooperación internacional para combatirla. La operación subraya el compromiso del Estado en la lucha contra el tráfico ilegal de armas, aunque el desafío persiste en la captura de los principales responsables.