La Procuraduría General de la Nación en Colombia dio un paso crucial en el resonante caso Dilan Cruz, abriendo un juicio disciplinario contra el capitán Manuel Cubillos Rodríguez. La investigación se centra en la trágica muerte del joven Dilan Cruz, ocurrida durante las manifestaciones de noviembre de 2019 en Bogotá, un hecho que conmocionó a la sociedad colombiana y generó un amplio debate sobre el uso de la fuerza policial.
El expediente no solo apunta a Cubillos, quien admitió haber sido el agente que disparó su arma en aquella jornada, sino que también se remitieron copias para investigar al coronel retirado Néstor Saúl Cepeda Cifuentes. Según la declaración de Cubillos, la instrucción de “dispersar la manifestación y restablecer la movilidad” provino directamente de Cepeda, quien entonces fungía como comandante nacional de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad). La Procuraduría busca determinar si hubo responsabilidad disciplinaria por parte del coronel en las órdenes impartidas.
La Procuraduría calificó la conducta atribuida al capitán Cubillos como dolosa. El organismo enfatizó que, a pesar de conocer sus deberes constitucionales y legales, Cubillos utilizó su arma de dotación “de manera libre y voluntaria” en un contexto de protesta con numerosos ciudadanos, detonándola en tres ocasiones y causando la muerte de Dilan Mauricio Cruz Medina. Esta acción fue considerada como un comportamiento antijurídico y contrario a derecho, obrando con pleno conocimiento de sus consecuencias.
Este avance en la vía disciplinaria se suma a una condena previa emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Dicha instancia declaró responsables a la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por los perjuicios ocasionados a los familiares de Dilan Cruz. El fallo del tribunal fue contundente al establecer que la muerte del joven, a causa del impacto de una munición disparada por un miembro del Esmad, constituyó una grave violación de derechos humanos, vulnerando directamente el derecho a la vida y a la protesta. La sentencia remarcó que el uso de la fuerza en el operativo no respetó los principios de necesidad y proporcionalidad, calificando la conducta como irregular y excesiva.
En un esfuerzo por garantizar que el caso no quede impune, el Ministerio Público declaró la muerte de Dilan Cruz como una grave violación a los derechos humanos y, por ende, el caso fue declarado imprescriptible. Esto significa que la investigación deberá continuar hasta alcanzar una resolución, sin importar el paso del tiempo. Sin embargo, la defensa de la familia ha expresado preocupación, advirtiendo que esta decisión podría, paradójicamente, prolongar indefinidamente un proceso que, en su rama penal, aún enfrenta una preocupante parálisis en la Fiscalía.
Fuente original: Infobae