La organización Coiproden, dedicada a la defensa de los derechos de la niñez, ha revelado cifras alarmantes sobre la migración en Honduras. Desde el año 2014, más de 129 mil niños, niñas y adolescentes hondureños han sido deportados, una situación que, según la entidad, evidencia la profunda crisis social que atraviesa el país centroamericano.
Wilmer Vásquez, director de Coiproden, subrayó que este fenómeno es un reflejo de la persistente falta de oportunidades, la marcada desigualdad estructural y la constante vulneración de los derechos fundamentales que afectan a la población infantil y adolescente en diversas regiones de Honduras. A pesar del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y el aumento de los controles fronterizos, el flujo de familias hondureñas buscando un futuro fuera de su tierra no ha disminuido de manera significativa.
La decisión de migrar, explicó la organización, se origina en condiciones económicas adversas, la escasez de empleo digno y la limitada cobertura de servicios básicos en comunidades tanto rurales como urbanas. En este contexto, los menores se consolidan como uno de los grupos más vulnerables dentro de estos flujos migratorios, embarcándose en viajes peligrosos, ya sea solos o acompañados, en busca de una vida mejor lejos de Honduras. Coiproden advierte que, si estas estadísticas se registraran en países con mayor desarrollo institucional, serían consideradas una emergencia nacional por sus graves implicaciones sociales, económicas y humanitarias.
La migración de niños y adolescentes no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de múltiples factores estructurales que impactan a la sociedad hondureña, como la pobreza, la desigualdad social, la falta de acceso a educación de calidad y la ausencia de trabajos dignos para los adultos a cargo de los hogares. Estos elementos obligan a miles de familias a buscar alternativas fuera de sus fronteras, una tendencia que, según la organización, no ha encontrado una respuesta integral y efectiva por parte del Estado.
Coiproden insiste en la necesidad imperiosa de fortalecer el sistema de protección de la niñez, lo que implica una mayor asignación de recursos públicos y el desarrollo de políticas sociales robustas y sostenibles en el tiempo. También enfatiza la importancia de garantizar acceso a educación, salud y condiciones de vida dignas en las comunidades, para que la migración no sea percibida como la única vía de desarrollo. La solución a esta problemática, concluyen, requiere una estrategia integral que involucre al Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional, priorizando la inversión social y el fortalecimiento de las instituciones protectoras de la niñez.
Fuente original: Infobae