El gobierno de la provincia de Buenos Aires, bajo la administración de Axel Kicillof, ha puesto en la mira a Mercado Libre, una de las empresas más grandes y emblemáticas de Argentina y la región. La imputación se centra en la supuesta existencia de cláusulas contractuales que vulnerarían los derechos de los usuarios y consumidores, abriendo un frente de conflicto que combina aspectos legales, económicos y un innegable trasfondo político.
La investigación, impulsada por la Dirección de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, dependiente del Ministerio de Producción bonaerense, se inició de oficio pero toma fuerza ante las casi 2.400 denuncias recibidas contra la plataforma en solo cuatro meses. Entre las cláusulas objetadas, se destacan la posibilidad de Mercado Libre de modificar unilateralmente los términos y condiciones sin consentimiento del usuario, eximir a la empresa de responsabilidad por fallas en su propia plataforma o por hackeos de cuentas, y cobrar tarifas sin informar previamente su monto y motivo. La empresa tiene un plazo de cinco días para presentar su descargo y realizar modificaciones, caso contrario, podría enfrentar una multa que supera los 1.800 millones de pesos.
Desde Mercado Libre, la respuesta no se hizo esperar. La compañía rechazó las acusaciones, asegurando que presentarán el descargo correspondiente en tiempo y forma. Además, destacaron que, a pesar del enorme volumen de operaciones que procesan diariamente, el nivel de reclamos es muy bajo, sugiriendo que las imputaciones no reflejan la realidad de su servicio.
Sin embargo, es difícil separar esta investigación del contexto político actual. Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, es un empresario que ha expresado públicamente su simpatía y apoyo a las políticas del gobierno de Javier Milei. La imputación por parte de la gestión de Kicillof, un férreo opositor al oficialismo nacional, agrega una capa de tensión a la situación. De hecho, casi al mismo tiempo que se conocía la inminente multa, Galperin se manifestaba en redes sociales sobre un supuesto giro positivo en la economía, atribuyéndolo a la gestión de Milei y criticando a quienes “atacaron al Gobierno de una manera inédita”.
A pesar de las especulaciones políticas, tanto desde la provincia como desde Mercado Libre intentaron bajarle el tono a esta arista. La empresa afirmó mantener un “diálogo permanente y constructivo” con los reguladores de todo el país, incluyendo la Provincia de Buenos Aires. Por su parte, el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, enfatizó que la decisión “no tiene ninguna motivación política” y que no responde a un “espíritu anti-empresa”, sino que se enmarca en la defensa de los derechos del consumidor, un ámbito en el que, según él, su cartera ha realizado imputaciones a numerosas compañías de diversos rubros.
Fuente original: Infobae