Un tribunal administrativo en Colombia dictaminó que el Estado, a través del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, es administrativamente responsable por la muerte de Dilan Cruz, un joven que falleció durante una protesta social en 2019. La decisión judicial, emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, califica el trágico suceso como una «grave violación de derechos humanos» y representa un avance significativo en la búsqueda de justicia para la familia de la víctima.
La sentencia establece que existió una «falla en el servicio» por parte de la institución policial. El tribunal argumentó que la munición tipo ‘Bean Bag’, utilizada por un integrante del antiguo Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios), fue clasificada como «menos letal» sin informar adecuadamente a los uniformados sobre su «potencial capacidad de causar la muerte». Esta omisión impidió que los agentes aplicaran correctamente los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, concluyendo que no había justificación para el uso de fuerza letal en el contexto de la protesta.
La familia de Dilan Cruz recibió la noticia con respeto, reconociendo el fallo como un paso importante. Yenny Alejandra Medina, madre del joven, destacó que la sentencia «reconoce que existió un uso desproporcionado e innecesario por parte de la fuerza pública». Sin embargo, la hermana de Dilan, Denis Zayury Cruz Medina, enfatizó que esta resolución administrativa no agota sus expectativas y reclamó celeridad en la investigación penal contra el entonces capitán Manuel Cubillos y otros implicados, buscando una «justicia verdaderamente completa» con responsabilidades individuales.
Como parte de la condena, el Tribunal ordenó aumentar las indemnizaciones para los familiares de Dilan Cruz por daños morales. Además, dispuso que el Comandante de la Policía Nacional realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad y ofrezca disculpas a la familia. Este pronunciamiento subraya la importancia del derecho a la protesta pacífica como un derecho constitucional que debe ser protegido, asegurando que ningún manifestante deba temer por su integridad o su vida al ejercerlo.
Fuente original: Infobae