El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ha vuelto a alzar su voz para defender su inocencia frente al inminente juicio que lo vincula con supuestas alianzas paramilitares y masacres. En medio de la creciente expectativa por el proceso judicial, el exmandatario reiteró su postura, alegando una completa ausencia de pruebas en su contra.
En una reciente entrevista, Uribe enfatizó que no existe evidencia alguna que contradiga su trayectoria. “No hay una sola prueba que pueda desvirtuar lo que ha sido mi vida”, afirmó, destacando su rol como combatiente de ideas y argumentos, y negando rotundamente haber amenazado o mandado a matar a persona alguna. Para el expresidente, esta situación representa un grave desconocimiento de sus derechos.
Uribe también cuestionó el momento de su citación a indagatoria, ocurrida días antes de la segunda vuelta presidencial, considerándola más que una simple coincidencia. Según su perspectiva, la acción judicial buscaba favorecer a sus oponentes políticos o congraciarse con quienes aspiraban a llegar al poder en aquel entonces, en un claro intento de afectarlo políticamente.
El exgobernador de Antioquia recordó que las investigaciones sobre hechos de 1997 y el asesinato del abogado Jesús María Valle en 1998 han sido exhaustivamente revisadas durante años sin que se hallara ningún elemento que lo incriminara. Además, se mostró preocupado por la supuesta intención de encarcelarlo para usarlo como moneda de cambio política, calificando la situación como “una infamia”. En este contexto, remarcó que fue él quien ordenó la extradición de Salvatore Mancuso y otros trece exjefes paramilitares.
Uribe también se refirió al testimonio de Mancuso, quien lo había acusado de retirar la seguridad a un alcalde, lo que habría derivado en su asesinato. El expresidente interpuso una denuncia por injuria y calumnia, y afirmó que en una audiencia pública, el propio Mancuso reconoció no tener pruebas para sustentar su acusación, e incluso su abogado alegó amenazas de la JEP y la Fiscalía por esta retractación. Concluyó que la presión sobre testigos y la negativa a su recurso de reposición plantean serios interrogantes sobre la imparcialidad de la justicia en escenarios políticos.
Fuente original: Infobae