La disputa legal en torno al futuro de la urbanización Marina Isla de Valdecañas, ubicada en Cáceres, España, sumó un nuevo capítulo esta semana. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) dictaminó la suspensión cautelar de un decreto impulsado por el gobierno regional, que buscaba evitar la demolición del complejo. Esta decisión representa un espaldarazo para las organizaciones ecologistas y anticipa una escalada en el prolongado conflicto judicial.
El origen de esta controversia se remonta a 2007, cuando la Junta de Extremadura aprobó un proyecto para construir chalets, hoteles, un campo de golf y un puerto deportivo en una isla del embalse de Valdecañas. Desde el principio, este plan fue duramente cuestionado por grupos ambientalistas como Ecologistas en Acción y Adenex, dado que la zona había sido catalogada en 2003 como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), un área de alto valor ecológico.
La batalla legal ha sido extensa y compleja. En 2011, el TSJEx declaró ilegal el proyecto y ordenó la restauración del área a su estado original, una decisión que fue ratificada por el Tribunal Supremo en 2014. A lo largo de los años, la Junta de Extremadura intentó diversas estrategias para evitar la demolición total, argumentando tanto la imposibilidad técnica como el alto costo y un supuesto mayor daño ambiental. Hubo fallos intermedios que permitían salvar parte de la construcción, pero el Tribunal Supremo en 2022 y el Tribunal Constitucional en 2025 terminaron por rechazar los recursos de la Junta y los propietarios, confirmando la orden de derribo.
Ante este panorama, la Junta de Extremadura optó por una nueva maniobra: aprobó un decreto que modificaba los límites de varias Zonas de Especial Protección para las Aves, incluyendo Valdecañas, con el claro objetivo de eludir la demolición. Sin embargo, esta normativa fue rápidamente impugnada por Ecologistas en Acción, quienes lograron la suspensión cautelar del decreto el pasado 5 de junio. La organización ambientalista celebró la decisión, calificándola como una confirmación judicial de que el decreto era una «maniobra» para «rescatar urbanísticamente» el complejo. Pese a este revés, la Junta de Extremadura ya anunció que apelará la suspensión, insistiendo en que la situación se debe a «errores cartográficos» iniciales.
Fuente original: Infobae