Una fuerte controversia sacude al ámbito legal y político de Perú, donde se ha presentado un pedido formal para la destitución de Delia Espinoza, actual decana del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL). La solicitud se fundamenta en una polémica “reforma de contrabando” que el Congreso peruano incluyó, sin previo debate, en la Ley 32645, norma originalmente destinada a crear el Colegio Profesional de Artistas del Perú.
La modificación legislativa, incorporada a último momento, establece que las personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos no podrán formar parte de comisiones organizadoras ni ocupar puestos en los órganos de gobierno de los colegios profesionales. En este contexto, el abogado Fernando Carlos Vinicio Valdivia Correa, del Partido Popular Cristiano (PPC), solicitó la “separación definitiva” de Espinoza ante la Junta de Vigilancia del CAL, el organismo encargado de la fiscalización.
El pedido cobra relevancia debido a que Delia Espinoza fue inhabilitada por segunda vez por el Congreso de la República. La inhabilitación más reciente, publicada el martes pasado en el diario oficial El Peruano, la aparta por diez años de la función pública. La sanción se dictaminó por haber presentado una denuncia constitucional contra once congresistas que votaron a favor de una ley que les permitía percibir simultáneamente sueldo y pensión, siendo militares o policías retirados.
La resolución legislativa 010-2025-2026-CR, firmada por el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, formaliza una decisión que el Pleno aprobó con 70 votos a favor tras una reconsideración. El primer intento de inhabilitación había fracasado, pero la insistencia de bancadas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular permitió que el caso regresara y se concretara la sanción.
Esta no es la primera vez que Espinoza enfrenta una medida de este tipo. Una inhabilitación anterior, también por diez años, se basó en una supuesta contravención de una ley por un reglamento de actuación fiscal que ella no firmó. Sin embargo, en esa oportunidad, la Justicia le dio la razón en parte, declarando fundada una demanda de amparo y archivando definitivamente un proceso penal en su contra, argumentando un “trato discriminatorio y selectivo” por parte del Parlamento.
Fuente original: Infobae