La cúpula de la aerolínea española Plus Ultra, el presidente Julio Martínez Sola y el consejero delegado Roberto Roselli, presentó su dimisión en medio de un fuerte escándalo judicial. Ambos directivos son investigados por un préstamo de 53 millones de euros otorgado por el gobierno español durante la pandemia, una situación que pone en jaque la transparencia en la gestión de fondos públicos.
La investigación se centra en los «acompañamientos» que una empresa vinculada a Julio Martínez Martínez, amigo cercano del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, habría cobrado para facilitar la obtención de este rescate. Martínez Sola y Roselli admitieron ante la Audiencia Nacional haber tenido «plena conciencia» de que Martínez Martínez y Zapatero «pretendían cobrar por las gestiones», una decisión que justificaron como necesaria para «salvar a la compañía».
Las renuncias se produjeron el mismo día en que el juez José Luis Calama, a cargo del caso en la Audiencia Nacional, citó a Martínez Sola y Roselli a declarar nuevamente en calidad de investigados para los días 7 y 8 de septiembre. Esta nueva citación judicial se suma a la presión sobre los ejecutivos, quienes ya habían sido previamente detenidos y posteriormente liberados en una operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal.
Martínez Sola detalló que Plus Ultra pagó 530.000 euros, equivalentes al 1% del rescate, a través de tres sociedades ligadas a Julio Martínez Martínez. A estos montos se suman pagos en especie, incluyendo hasta 46 vuelos en clase business que el empresario solicitó y nunca abonó. El contrato que articuló estos pagos vinculaba directamente la remuneración al éxito de la gestión ante la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).
El empresario Martínez Martínez declaró ante el juez que fue el expresidente Zapatero quien «marcaba los pasos a seguir» para conseguir la financiación y quien le comunicó la aprobación del crédito días antes de su formalización. Sin embargo, Zapatero ha negado rotundamente cualquier implicación, asegurando que «no hablé con nadie sobre el rescate de Plus Ultra» y que su inocencia «se demostrará».
Mientras tanto, la portavoz del gobierno actual, Elma Saiz, defendió la presunción de inocencia de Zapatero y la legalidad del préstamo, destacando que el expediente fue revisado por diversas instancias. No obstante, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pidió al expresidente que brinde «explicaciones públicas» ante la «tristeza e inquietud» generada en la ciudadanía por este caso. La investigación se extiende incluso a las hijas y la secretaria de Zapatero, y peritos independientes han señalado «dudas más que razonables» sobre la situación patrimonial de Plus Ultra al momento de recibir la ayuda. La aerolínea, además, enfrenta dificultades para devolver el préstamo y negocia con el Estado una ampliación del calendario de pago, lo que podría llevarla al control estatal.
Fuente original: Infobae