El Ejecutivo nacional anunció una importante ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), sumando dos sectores clave que buscan atraer capitales de peso al país. A través de una publicación en el Boletín Oficial este martes, se confirmó la inclusión de obras de infraestructura ferroviaria y proyectos tecnológicos que incorporen nuevos productos, una medida largamente esperada en el marco de la futura privatización del Belgrano Cargas.
En el ámbito tecnológico, la nueva normativa introduce una definición crucial: una empresa podrá acceder al RIGI como «ampliación de un proyecto preexistente» si el nuevo producto que desarrolle exhibe diferencias significativas. Estas deben representar al menos el 50% de sus componentes en valor económico respecto de lo que ya produce. Para calificar, la inversión mínima requerida para este nuevo producto será de 250 millones de dólares, y el bien en cuestión deberá tener una vida útil de mercado no superior a diez años, lo cual deberá ser justificado mediante un informe técnico independiente.
Respecto al sector ferroviario, el decreto establece con claridad qué tipo de inversiones serán elegibles. Se incluyen la renovación, sustitución, transformación o desarrollo de infraestructura existente, así como la construcción de nuevas vías. Quedan explícitamente excluidos los trabajos de mantenimiento y conservación de la infraestructura ya existente. Entre las intervenciones admitidas se destacan la duplicación de vías, rehabilitación de ramales inoperativos, renovación de puentes y alcantarillas, instalación de sistemas de señalización automáticos, electrificación de tramos y la construcción de infraestructura logística moderna como puertos secos o centros de desconsolidación.
Esta oficialización es fundamental para destrabar el proceso de privatización del Belgrano Cargas, una iniciativa que el Gobierno viene impulsando y que había generado ciertas demoras. Fuentes cercanas al proceso indicaron que la habilitación del RIGI para obras ferroviarias era un factor clave pendiente. El cronograma oficial prevé la publicación de los pliegos de licitación antes de fin de agosto, con la adjudicación estimada para abril o mayo de 2027. La licitación contempla tres concesiones independientes –una para cada ramal (Belgrano, San Martín y Urquiza)– bajo un esquema de «open access», que obliga al operador a permitir el acceso de terceros a cambio de un peaje, con un plazo de concesión de 50 años.
El interés por estas concesiones ya se ha manifestado. Entre los principales actores se encuentra el Grupo México Transportes (GMXT), que ha expresado su intención de invertir hasta 3.000 millones de dólares para modernizar la red. También avanza un consorcio de importantes cerealeras argentinas, integrado por Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). La red a licitar abarca un impresionante tendido de 7.600 kilómetros de vías a lo largo de 15 provincias de nuestro país.
Ambas modificaciones, que prometen un fuerte impulso a la infraestructura y la innovación tecnológica en Argentina, fueron formalizadas mediante el Decreto 748/2026, publicado el 14 de agosto en el Boletín Oficial. El documento lleva las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el Jefe de Gabinete Diego Santilli.
Fuente original: Infobae