El índice de inflación de abril trajo algo de alivio. Después de meses en que la desaceleración parecía haberse estancado, los números mostraron finalmente una baja que el Gobierno necesitaba con urgencia. Sin embargo, celebrar este resultado como si el problema estuviera resuelto sería un error de diagnóstico.
Para entender el presente, hay que recordar lo que pasó el año pasado: la inflación volvió a trepar impulsada por una combinación de factores. La incertidumbre electoral, las dudas sobre la consistencia del programa económico y las tensiones cambiarias deterioraron las expectativas. Y en Argentina, las expectativas tienen un peso casi tan determinante como los propios indicadores.
Hoy esa incertidumbre no desapareció, sino que mutó. Ya no gira en torno al calendario electoral, sino que se alimenta de problemas internos del propio oficialismo: fricciones políticas, dificultades para tomar decisiones y sospechas de corrupción que van desgastando la confianza pública.
Más allá de la coyuntura, hay una cuestión de fondo que merece atención. El propio presidente Javier Milei reconoció que los procesos de desinflación pueden extenderse entre siete y doce años. Esa admisión entra en contradicción directa con las promesas de inflación prácticamente nula en el corto plazo que caracterizaron su campaña y el inicio de su gestión.
Vale la pena recordar, además, que casi ningún país del mundo tiene inflación cero. Las economías estables conviven habitualmente con subas anuales del 1%, 2% o 3%, producto de ajustes naturales de precios. Aspirar a eliminar la inflación por completo no solo resulta poco realista, sino que refleja una comprensión incompleta de cómo funciona el fenómeno.
El problema argentino, por otro lado, tiene raíces mucho más profundas. Existen restricciones estructurales que este gobierno aún no modificó: un sistema impositivo que distorsiona la actividad económica, un esquema previsional deficitario, un sistema financiero pequeño y costoso, y una maraña de regulaciones que traban el funcionamiento normal de los mercados. Todo eso genera un piso inflacionario difícil de perforar sin reformas de fondo.
El gobierno habla con insistencia de transformaciones estructurales, pero buena parte de ellas siguen siendo más promesas que hechos concretos. Las reformas que verdaderamente cambian las reglas de juego de manera permanente requieren leyes, consensos políticos y mayorías sólidas en el Congreso. Los decretos y las declaraciones no alcanzan. La experiencia internacional es contundente en ese sentido.
Un caso paradigmático es el del Banco Central. Ningún país logró estabilizar su moneda de forma duradera sin contar con una autoridad monetaria genuinamente independiente. Y el Banco Central argentino sigue subordinado políticamente al Poder Ejecutivo.
Por eso, el buen dato de abril debe leerse con mesura. En el mejor de los escenarios, Argentina está retomando el camino que tenía antes de la aceleración inflacionaria del año pasado. Eso está lejos de ser una solución definitiva.
También genera preocupación la interpretación que hace el presidente de los vaivenes económicos. Milei volvió a aludir a intentos de desestabilización y hasta a supuestos golpes institucionales detrás de ciertos movimientos del mercado. Si genuinamente cree eso, debería denunciarlo formalmente ante la Justicia. Si no, se trata de una lectura equivocada que atribuye a conspiraciones lo que en realidad responde a fallas económicas concretas.
Finalmente, hay una cuestión que atraviesa todo este debate: la relación del presidente con la crítica. Milei parece convencido de poseer una verdad absoluta sobre la economía y el funcionamiento del país. Cuando alguien cuestiona sus diagnósticos o sus herramientas, la respuesta habitual es la descalificación o el enojo. Eso es problemático, porque ninguna disciplina —ni la economía ni ninguna otra— avanza sin debate genuino y apertura a la revisión.
Fuente original: Cadena 3