Colectivos de personas con discapacidad, familiares y trabajadores del Hospital Garrahan denunciaron penalmente al presidente Javier Milei y funcionarios del gobierno por el ajuste en pensiones, medicamentos y tratamientos médicos. Las acciones se enmarcan en un contexto de desesperación y colapso en instituciones públicas, según denunció la comunicadora Daniela Aza, quien destacó la situación como «histórica, inédita y de una tristeza absoluta».
El abogado Javier Garin, especialista en Derechos Humanos, lideró una denuncia penal por incumplimiento de deberes estatales, abuso de autoridad y abandono de persona. Explicó que la política del gobierno «es deliberada y sistemática» y que miles de personas con discapacidad enfrentan interrupciones en tratamientos esenciales, falta de insumos y colapso de centros terapéuticos.
La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) denunció la inacción del Estado, señalando que cientos de niños, niñas y adolescentes dependen del sistema público para sobrevivir. El Hogar Promover, una institución que atiende a 18 jóvenes con patologías crónicas, está al borde del cierre tras meses sin recibir pagos del gobierno.
El proyecto de ley presentado por el gobierno, titulado «Ley contra el fraude de pensiones por invalidez», derogaría artículos clave de la Ley de Emergencia en Discapacidad, eliminando la universalidad de las prestaciones y prohibiendo la compatibilidad entre empleo formal y pensiones. La reforma también impone un reempadronamiento obligatorio y congelaría los montos de las pensiones.
Las denuncias penales ya fueron presentadas ante jueces, quienes aún no han respondido. Garin subrayó que el Estado argentino no cumple con tratados internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad, exponiendo a estas personas a un «verdadero peligro». La situación plantea una pregunta urgente: ¿cómo puede un gobierno que suscribe compromisos globales ignorar las necesidades de quienes más lo necesitan?