El Senado de Colombia ha concedido al expresidente Gustavo Petro la autorización para viajar al exterior, una medida que, si bien fue aprobada con una amplia mayoría de 73 votos a favor y 11 en contra, viene acompañada de una serie de exigencias. Petro deberá informar «con fecha y lugares específicos» cada uno de sus desplazamientos, una condición que se enmarca en el denominado arraigo constitucional. Esta normativa obliga a los exjefes de Estado a solicitar permiso al Poder Legislativo durante el año posterior al fin de su mandato para poder salir del territorio nacional.
La propuesta aprobada por el Congreso establece una clara consecuencia política: la salida del país sin la debida autorización podría ser interpretada como un «abandono del cargo». Por su parte, Petro había solicitado este permiso mediante una carta el pasado 10 de agosto de 2026, argumentando la necesidad de atender compromisos de índole «personal, social, político y académico», aunque sin especificar destinos ni mayores detalles sobre sus motivos.
Tras conocerse la decisión, el exmandatario utilizó sus redes sociales para aclarar que su solicitud no implicaba una ausencia prolongada de Colombia por un año. «Yo no he pedido salir del país por un año, mi poder reside en el pueblo colombiano y su amor, por qué habría de dejarlo», afirmó. Petro enfatizó que su gestión ante el Senado busca una autorización previa para sus desplazamientos durante los próximos doce meses, compatible con su nueva etapa como expresidente, donde, según él, podrá «enseñar cosas que aprendí» sin abandonar a su país. También desmintió rumores sobre problemas de salud y reafirmó su capacidad para seguir activo.
En su mensaje, Petro también abordó cuestiones legales y una sanción administrativa impuesta por Estados Unidos, asegurando no tener «líos pendientes con la justicia» y que dicha sanción «solo es para las personas de los Estados Unidos», por lo que no debería afectar su vida financiera en Colombia, citando un pronunciamiento de la Corte Constitucional.
El debate en el Congreso no estuvo exento de tensiones. Voces críticas como la del senador Jota Pe Hernández, del Partido Verde, defendieron la negativa inicial como un «control constitucional», aludiendo a supuestos procesos abiertos contra Petro en la Comisión de Acusación. En la misma línea, el partido Cambio Radical y el senador Enrique Gómez de Salvación Nacional instaron a Petro a «dar la cara» y «enfrentarse a la justicia».
Sin embargo, también hubo defensores de la autorización, como el senador liberal Hector Olimpo Espinosa, quien argumentó que «si es por denuncias, ningún expresidente habría podido salir del país», a pesar de haber sido opositor durante el mandato de Petro. El partido La U, a través de Alfredo Deluque, propuso la condición de que Petro pida autorización «cada vez que salga», una idea que finalmente se impuso. La proposición alternativa del Centro Democrático, que exigía a Petro especificar fechas, lugares y destinos en cada viaje, fue la que prosperó, dando forma a la decisión final del Senado.
Fuente original: Infobae