El Senado de Bolivia ha puesto en marcha una comisión especial para investigar las supuestas maniobras de influencia ejercidas en el país por José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno español, quien ya enfrenta acusaciones en el ‘caso Plus Ultra’. La decisión se enmarca en una creciente polémica sobre el rol que habría desempeñado Zapatero en un conflicto empresarial que involucra a la filial boliviana del Grupo Gloria, un importante conglomerado peruano.
Según un comunicado de la Cámara de Senadores, la comisión estará integrada por seis legisladores, representando a todas las bancadas políticas bolivianas. Tendrá un plazo de hasta tres meses para llevar a cabo la investigación y presentar un informe final ante el pleno. Este requerimiento surge a partir de una solicitud de Alianza Libre, el principal partido opositor, que busca esclarecer si hubo gestiones irregulares para beneficiar al Grupo Gloria a cambio de una «contraprestación económica» de 200.000 euros, pagaderos entre 2024 y 2025.
La líder de la oposición en el Senado, Tomasa Yarhui, enfatizó la importancia de «investigar y sancionar» cualquier irregularidad, destacando la necesidad de esclarecer los hechos antes de justificar posibles delitos. Con este fin, se prevé solicitar, a través de la Cancillería, toda la documentación de las investigaciones realizadas en España, incluyendo informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
Esta investigación parlamentaria se suma a una revisión judicial ya iniciada por el Consejo de la Magistratura de Bolivia. Su presidente, Carlos Spencer, anunció que se analizará un fallo de una Sala Constitucional que eximió a la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE), filial del Grupo Gloria, de pagar 107 millones de dólares a la cementera estatal FANCESA por un litigio de competencia desleal. La UDEF española sostiene que Rodríguez Zapatero habría recibido 200.000 euros por su intermediación e influencia a favor del Grupo Gloria, a través de una sociedad sin actividad real que simulaba un contrato de consultoría.
Entre los nombres vinculados a la investigación se encuentra el expresidente boliviano Luis Arce, quien negó rotundamente cualquier implicación. Arce aseguró que su relación con Zapatero fue estrictamente institucional y política, y que no intervino en ningún litigio judicial que beneficiara a SOBOCE o a cualquier otra empresa privada. La secuencia de gestiones, la resolución judicial favorable y los pagos, según la UDEF, sugieren una relación de causa y efecto. La decisión final sobre la validez del amparo judicial recae ahora en el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, que aún no se ha expedido al respecto.
Fuente original: Infobae