La justicia estadounidense postergó, sin fecha confirmada, la audiencia clave de Gerardo Mérida Sánchez, un general retirado y exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, México. El proceso judicial, que se lleva a cabo en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, estaba pautado para este martes 4 de agosto, pero el tribunal informó que no hay procedimientos agendados para ese día y no precisó cuándo se reprogramará la sesión.
Este aplazamiento genera incertidumbre en un caso de alto perfil que ya tuvo su única audiencia formal el 1 de junio. En esa ocasión, Mérida Sánchez se había entregado voluntariamente a las autoridades migratorias en la frontera de Arizona el 11 de mayo. Durante esa breve sesión, la jueza Katherine Polk Failla había fijado la revisión del proceso para agosto y otorgó a los fiscales un plazo mínimo de dos meses para presentar las pruebas a la defensa. Sin embargo, los registros judiciales actuales no reflejan la fecha que la propia jueza había anunciado.
Gerardo Mérida Sánchez, de 66 años, enfrenta cargos gravísimos en Nueva York: conspiración para la importación de narcóticos a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y explosivos, y conspiración para poseer armas automáticas. La acusación del Departamento de Justicia de EE. UU. sostiene que entre 2023 y 2024, el exfuncionario habría recibido más de 100 mil dólares mensuales en efectivo de «Los Chapitos», la poderosa facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán. A cambio de estos pagos, se le imputa haber alertado a la organización criminal sobre operativos policiales, permitiéndoles mover drogas y equipos antes de las intervenciones.
Actualmente, Mérida Sánchez permanece bajo prisión preventiva en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn. De ser hallado culpable de los cargos más serios, podría enfrentar una condena mínima obligatoria de 40 años de prisión o incluso cadena perpetua, según la estricta legislación federal estadounidense. Su caso no es aislado, sino que forma parte de una megaacusación contra «Los Chapitos» y un grupo de diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido el exgobernador Rubén Rocha Moya, por su presunta colusión en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
Este proceso judicial subraya la compleja trama de corrupción y narcotráfico que permea las estructuras de poder en México, con ramificaciones que alcanzan los más altos niveles y que son investigadas con rigurosidad por la justicia norteamericana.
Fuente original: Infobae