Un reciente informe del prestigioso Pew Research Center en Estados Unidos reveló un contundente apoyo de la población adulta a la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años. Cerca de seis de cada diez adultos en el país norteamericano se manifestaron a favor de esta medida, mientras que una minoría se opone y un grupo considerable aún no tiene una postura definida al respecto.
Además de la restricción por edad, la encuesta, realizada entre fines de mayo y principios de junio de 2026, mostró un fuerte consenso sobre otras regulaciones. Un impresionante 85% de los encuestados apoya exigir el consentimiento de los padres para que un menor pueda abrir una cuenta en estas plataformas. Asimismo, un 78% respalda tanto la implementación de sistemas de verificación de edad como la fijación de límites de tiempo para el uso de las redes sociales por parte de los jóvenes.
Este sondeo se enmarca en un creciente debate global sobre el impacto de las redes sociales en el bienestar de los adolescentes. Países como Australia, Canadá y el Reino Unido ya han establecido o están considerando una edad mínima de 16 años para el acceso, y legisladores en California, Estados Unidos, analizan propuestas similares. Actualmente, muchas plataformas exigen solo 13 años para crear una cuenta, lo que genera preocupación entre padres y expertos.
El apoyo a estas restricciones es transversal, abarcando a la mayoría de los grupos demográficos y políticos en Estados Unidos. Se observa un respaldo particularmente alto entre los adultos de 30 a 49 años y, de manera significativa, entre quienes tienen hijos menores de 18 años. Incluso entre los dos principales partidos políticos, republicanos y demócratas, la aprobación supera ampliamente la oposición a estas medidas de protección.
La tendencia de apoyo a estas regulaciones ha crecido notablemente desde 2023. El respaldo al consentimiento parental pasó del 81% al 85%, mientras que la verificación de edad y los límites de tiempo aumentaron del 71% y 69% respectivamente, al 78%. Esto demuestra una preocupación creciente y una voluntad política y social cada vez mayor de tomar acciones concretas para salvaguardar a los menores en el entorno digital.
Fuente original: Infobae