Una ola de mensajes intimidatorios enviados desde números telefónicos de Perú puso en alerta a las familias de alumnos de la Escuela N° 116 Sargento Cabral, situada en una zona rural del departamento Banda, en Santiago del Estero. Varias madres se presentaron en la Comisaría N° 14 durante la noche del miércoles para denunciar que sus hijos —todos alrededor de 12 años— habían recibido amenazas de muerte a través de aplicaciones de mensajería.
Todo habría comenzado meses atrás, cuando una niña de 12 años inició contacto por WhatsApp y Snapchat con personas que decían vivir en Perú. Dos de esos contactos se identificaban con los nombres «Daniel» y «Snaider López F». Al principio las conversaciones transcurrieron con normalidad, pero de un momento a otro el tono cambió radicalmente: los mensajes se volvieron violentos e incluían amenazas directas contra los estudiantes de séptimo grado, con menciones explícitas a armas de fuego y el envío de «sicarios».
La primera denuncia la realizó una mujer llamada Fernanda, oriunda del paraje El Barrial, quien se enteró de la situación en una reunión de madres donde distintas familias compartieron experiencias similares. Otra denunciante, Graciela, contó que descubrió en el celular que compartía con su hija una conversación archivada con una amenaza de muerte explícita, y que la menor había borrado aplicaciones de geolocalización por miedo. Una tercera madre, Claudia, reveló que su hijo también recibió mensajes intimidantes después de que compañeros le pasaron el número de los presuntos agresores.
Según los testimonios recogidos, los mensajes advertían sobre ataques con sicarios, pero sin exigir dinero ni plantear ningún tipo de condición, lo que desconcertó tanto a las familias como a las autoridades. Ante el terror que generaron las amenazas, varios de los menores bloquearon los contactos y eliminaron las conversaciones, lo que podría dificultar la recolección de evidencia digital.
Todas las denuncias quedaron en manos del fiscal Mariano Gómez, quien dispuso que personal de la División Ciberdelitos trabaje en la identificación de los responsables a partir de los números de teléfono aportados por las madres. El caso está siendo analizado judicialmente para determinar el origen y la autoría de las amenazas.
Fuente original: El Liberal