Un violento ataque terrorista sacudió la ciudad de Cúcuta, Colombia, y obligó a las autoridades a implementar estrictas medidas de seguridad en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza. El atentado, perpetrado con un coche bomba, dejó a una docena de agentes de policía heridos y generó una fuerte conmoción en la región fronteriza.
Desde el 2 de agosto de 2026, el acceso a la terminal aérea está severamente restringido: solo se permite el ingreso a pasajeros con reserva confirmada y personal autorizado. Aeropuertos de Oriente S.A.S., la entidad a cargo, comunicó que la medida es transitoria y busca reforzar la seguridad tras el brutal ataque. «No se permitirá el ingreso de acompañantes mientras esta medida transitoria se encuentre vigente», aclararon desde la administración, pidiendo a los viajeros llegar con anticipación y portar su tiquete.
El hecho ocurrió en la madrugada del 1 de agosto, cuando un camión cargado de explosivos fue lanzado contra el comando de la Policía de Norte de Santander. El saldo fue de 12 patrulleros y 3 civiles lesionados, además de la lamentable muerte de un perro de la institución. El Ministerio de Defensa colombiano no tardó en calificar el episodio como un acto terrorista, elevando la preocupación en toda la comunidad.
Las investigaciones apuntan al frente Carlos Germán Velasco Villamizar del Ejército de Liberación Nacional (ELN), identificando a «alias David» y «alias Nay o Nike» como los presuntos responsables. El gobierno colombiano ha dispuesto importantes recompensas, de 800 y 150 millones de pesos colombianos respectivamente, para quienes aporten información que conduzca a la captura de estos individuos.
Detalles técnicos revelaron la sofisticación del ataque: el camión NPR, con patentes falsas, estaba acondicionado con un sistema de rieles para lanzar múltiples cargas explosivas, utilizando entre 15 y 20 kilogramos de amonal. El mecanismo de activación era electrónico por radiofrecuencia. Además, el vehículo fue abandonado cerca de una unidad médica policial, lo que las autoridades consideran una violación al Derecho Internacional Humanitario, y los explosivos fueron camuflados entre zanahorias y papas.
En respuesta al atentado, se convocó de urgencia un consejo extraordinario de seguridad, presidido por la ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel. Las autoridades no solo elevaron la recompensa a 350 millones de pesos para datos que ayuden a dar con los culpables, sino que también anunciaron un paquete de nuevas medidas para fortalecer la seguridad en Cúcuta y evitar futuros ataques.
Fuente original: Infobae