Una importante planta de amoníaco, propiedad de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la alemana Proman, está en el centro de una controversia en Topolobampo, Sinaloa, México. La compañía es acusada de haber subestimado o directamente omitido el riesgo sísmico real de la zona en su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), a pesar de que la localidad de Ahome, donde se ubica el proyecto, registró más de 1.400 sismos en los últimos 35 años.
Expertos y organizaciones locales, como el colectivo «¡Aquí No!», han levantado la voz, exigiendo estudios rigurosos que garanticen la seguridad de las comunidades. Según el Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la región de Ahome se encuentra en zonas sísmicas B y C, siendo esta última de alta sismicidad, precisamente donde se asientan Topolobampo y la Bahía de Ohuira. Además, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ha documentado desde 2004 que el norte del estado es una «zona de sismicidad recurrente», producto del constante movimiento entre las placas tectónicas de Norteamérica y del Pacífico.
A pesar de las advertencias, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el proyecto, que ya tiene un avance del 95%, argumentando que se realizó una consulta pública exitosa y un estudio de impacto ambiental «muy profundo». Sheinbaum destacó la importancia de la planta para la soberanía alimentaria y la producción nacional de fertilizantes. No obstante, la MIA de la empresa solo menciona de forma genérica que «sismos, huracanes e inundaciones han sido considerados» en el diseño, sin ofrecer detalles de análisis específicos sobre el riesgo sísmico.
El Estudio de Riesgo Ambiental oficial también contempla escenarios críticos, como la ruptura del amoniaducto, una estructura de 3.000 metros paralela al muelle. En un hipotético caso «catastrófico», la zona afectada podría incluir instalaciones clave de Pemex y CFE, además del extremo norte de Topolobampo. La preocupación trascendió fronteras: en noviembre de 2025 (posiblemente un error de fecha en la fuente original), once relatores especiales de la ONU enviaron cartas a los gobiernos de México y Alemania, así como a las empresas involucradas, alertando sobre posibles impactos negativos en pueblos indígenas, comunidades pesqueras e infancias de la región, y su derecho a un ambiente sano.
En este contexto, el colectivo «¡Aquí No!», junto a comunidades Mayo-Yoreme y pescadores, mantiene firme su reclamo por la cancelación definitiva de la planta, priorizando la seguridad y el bienestar ambiental de la zona ante un riesgo sísmico que consideran insuficientemente abordado.
Fuente original: Infobae