Un nuevo escándalo sacude la política colombiana a pocas semanas de la segunda vuelta presidencial, prevista para el 21 de junio de 2026. El partido Cambio Radical ha elevado duras críticas ante denuncias que sugieren un presunto uso de la estructura estatal para favorecer la candidatura de Iván Cepeda, del Pacto Histórico.
La controversia tomó fuerza a partir de revelaciones difundidas por la periodista Darcy Quinn en el programa La FM. Según estas versiones, funcionarios y contratistas de diversas entidades públicas estarían siendo convocados a reuniones con el objetivo de promover el voto por Cepeda. Se menciona específicamente al Ministerio de Educación, actualmente bajo la dirección de Daniel Rojas Medellón, aunque se especula que la práctica podría extenderse a otras dependencias gubernamentales bajo la administración de Gustavo Petro.
Las acusaciones van más allá, indicando que algunos trabajadores habrían recibido mensajes con advertencias sobre posibles consecuencias laborales si la fórmula presidencial opositora, integrada por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, resultara ganadora. Estos mensajes, junto con panfletos, harían referencia a las propuestas de reducción del Estado y fusión de entidades que impulsa la derecha, generando temor entre los empleados públicos.
En este contexto de alta tensión, luego de una primera vuelta donde Abelardo de la Espriella obtuvo la mayor votación sin alcanzar la mayoría absoluta, Cambio Radical, que anunció su respaldo al candidato de la Espriella, no tardó en reaccionar. A través de la red social X, el partido condenó enérgicamente estas prácticas, afirmando que “los ministerios no son sedes de campaña ni los recursos públicos pueden ponerse al servicio de la candidatura de Iván Cepeda”.
La colectividad exigió una pronta aclaración de los hechos, subrayando que utilizar el poder del Estado para presionar a funcionarios y contratistas con fines electorales constituye una de las prácticas más reprochables de la política. Para Cambio Radical, quien necesita de la burocracia para conseguir votos demuestra una falta de argumentos para convencer genuinamente a los ciudadanos.
Fuente original: Infobae