El holding de los empresarios Juan y Patricio Neuss, conocido por su cercanía al asesor presidencial Santiago Caputo, se encuentra en el ojo de la tormenta tras una grave denuncia judicial. La acusación apunta a una presunta evasión tributaria que ascendería a la impactante cifra de 6.600 millones de pesos, principalmente a través de su distribuidora eléctrica EJESA en Jujuy. Este nuevo frente judicial se suma a las crecientes protestas de usuarios contra EDET en Tucumán, otra empresa del grupo, reavivando el debate sobre la gestión de las concesionarias energéticas en el país.
La denuncia contra EJESA fue iniciada por el ingeniero Hugo Farfán, quien detalló un complejo mecanismo de tres pasos para “evadir” y “recaudar de forma oculta” desde mayo de 2024. Al no obtener respuestas de los organismos de control provinciales, Farfán llevó el caso a la justicia federal jujeña, donde se investigan delitos tributarios. La demanda pone el foco en la evasión agravada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre el Sistema Aislado Provincial (SAP), exigiendo un resarcimiento para unos 120 mil jujeños afectados por estas maniobras.
Según la presentación, el esquema de evasión se ejecutaría de tres formas. Primero, ocultando y omitiendo el IVA en las facturas de usuarios residenciales, cobrando el concepto FOPEJ (Fondo Provincial de Energía Eléctrica de Jujuy) como “exento” o “no alcanzado”, evitando así declarar el 21% de IVA. En segundo lugar, para comercios e industrias, EJESA habría incorporado de forma oculta el IVA dentro de la tarifa unitaria, percibiendo el débito fiscal directamente del cliente pero sin declararlo al Estado. Finalmente, se habrían cobrado impuestos a combustibles que, según la denuncia, nunca fueron adquiridos ni utilizados para la generación eléctrica. La suma de estas tres maniobras alcanzaría los $6.600 millones en un solo año.
La situación en Jujuy no es un caso aislado. En Tucumán, el Grupo Neuss enfrenta críticas similares por la gestión de EDET, su otra distribuidora. Paralelamente, en Jujuy, el Consejo Defensor del Contribuyente, Usuario y Consumidores (CODECUC) solicitó ser querellante en la causa y presentó una medida cautelar para frenar los cortes de servicio a usuarios vulnerables, aunque fue rechazada. La presión ciudadana crece, con más de 11 mil firmas presentadas en la Legislatura jujeña exigiendo medidas urgentes y la posible revocación del contrato de concesión de EJESA. La investigación penal podría incluso alcanzar a funcionarios estatales si se prueba que omitieron fiscalizar o habilitaron estas resoluciones de manera intencional.
Fuente original: Chaco Día por Día
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