Un grave problema ambiental sacude a Río Gallegos, Santa Cruz, donde el basural municipal a cielo abierto está causando un desastre ecológico de grandes proporciones. Javier Álvarez Bento, administrador de la Estancia Punta Loyola, una de las propiedades pioneras de la región, denunció que más de 5.400 hectáreas de su campo han sido afectadas por la diseminación de residuos, arrastrados por los fuertes vientos patagónicos. Los desechos plásticos y otros materiales se esparcen sin control, convirtiendo vastas extensiones de tierra productiva en un vertedero improvisado.
La situación es tan crítica que Álvarez Bento se vio obligado a retirar ovejas y vacas de la zona afectada, ante el inminente peligro de que los animales ingieran microplásticos. Según el productor, el problema se agrava con el tiempo: lo que antes eran bolsas enteras, ahora son diminutos fragmentos de plástico que se mezclan con la tierra y el forraje, volviendo el daño prácticamente irreversible para la actividad ganadera. La estancia, que históricamente ha sido un pilar de la producción ovina y bovina en la provincia, enfrenta pérdidas económicas devastadoras.
Frente a la inacción municipal, la Estancia Punta Loyola presentó un amparo ambiental contra la Municipalidad de Río Gallegos hace más de un año, exigiendo el cese de la actividad irregular del basural. Sin embargo, el caso avanza con lentitud en la justicia, lo que llevó a Álvarez Bento a difundir un video alarmante a través de la Sociedad Rural de Río Gallegos para visibilizar la magnitud del problema. La queja principal radica en que el basural, instalado en 2023 con la promesa de compactación y enterramiento de residuos, jamás cumplió con esas condiciones esenciales, permitiendo que el viento, que supera los 100 km/h en la zona, disperse la basura sin freno.
Para colmo, la Secretaría de Estado de Ambiente de Santa Cruz confirmó en las últimas horas que el basural opera sin una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) vigente, ya que la autorización anterior caducó en 2025. La Municipalidad de Río Gallegos no presentó la auditoría ambiental requerida para renovar el permiso, a pesar de las intimaciones. Las inspecciones provinciales también revelaron graves deficiencias operativas, como falta de maquinaria adecuada para el tratamiento de residuos, personal insuficiente, ausencia de una balanza para controlar los ingresos y problemas en el manejo de residuos peligrosos. La fosa, que debía durar diez años, ya está colapsada, evidenciando una gestión completamente deficiente y riesgosa para el ecosistema local.
Fuente original: La Nación
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