Un hombre de 45 años que debía cumplir arresto domiciliario en la casa de su madre en Salta Capital fue sorprendido realizando compras en un centro comercial de la zona sur. Tras ser identificado por un oficial de policía, la Justicia revocó de inmediato el beneficio y ordenó su traslado a la Alcaidía General bajo prisión preventiva.

La decisión fue tomada en una audiencia presidida por el juez del distrito Centro, José Luis Musa, quien hizo lugar al pedido del fiscal penal 2 del distrito Centro, Esteban Martearena. Con esta resolución, el acusado perdió el privilegio del arresto domiciliario que le había sido concedido tras su imputación, y deberá permanecer detenido mientras avanza la investigación penal.

El caso que originó la causa se remonta a junio, cuando el hombre fue detenido en un centro de compras de San Lorenzo Chico, sospechado de haber cometido un robo. Se le imputa haber utilizado la modalidad conocida como “violentador” para forzar una camioneta estacionada y sustraer una mochila que contenía una computadora portátil y dinero en efectivo. Aunque los objetos fueron recuperados y devueltos a su dueño, el proceso judicial continuó.

El incumplimiento de la medida cautelar fue descubierto el domingo 13 de septiembre. Un policía que prestaba servicio adicional en un shopping de la zona sur reconoció al hombre mientras circulaba por el establecimiento. De inmediato, el agente solicitó la colaboración del personal de seguridad privada, se demoró al individuo y se informó a la Fiscalía sobre la presunta violación de las condiciones de su detención domiciliaria.

La salida no autorizada de la vivienda fue el elemento clave que motivó el planteo fiscal. Martearena solicitó la revocación del arresto domiciliario, argumentando que el hombre había incumplido flagrantemente con la obligación judicial vigente. El arresto domiciliario es una medida que exige la permanencia en un domicilio fijado por la Justicia y puede ser anulado ante cualquier incumplimiento.

Durante la audiencia, el juez Musa escuchó los argumentos de ambas partes y resolvió revocar el beneficio. La decisión implica la prisión preventiva y el traslado a la Alcaidía General, donde el hombre, quien además registra antecedentes por delitos contra la propiedad, deberá permanecer mientras se tramita la causa judicial.

Fuente original: Infobae