Las universidades nacionales de Argentina se encuentran en estado de alerta máxima. El proyecto de Presupuesto 2027, presentado por el gobierno de Javier Milei, destina una cifra considerablemente inferior a la que el sector considera indispensable para garantizar su normal funcionamiento. Mientras el Ejecutivo prevé un total de $7,3 billones para las casas de estudio, los rectores de todo el país advierten que se necesitan al menos $11 billones, lo que representa una diferencia de casi $4 billones.

Esta brecha presupuestaria generó una profunda preocupación en la comunidad académica, con advertencias explícitas sobre la posibilidad de que muchas universidades no puedan abrir sus puertas el próximo año si no se realizan modificaciones significativas al proyecto. Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), fue contundente al señalar que «si no logramos modificaciones razonables, va a ser realmente muy difícil que las universidades abramos nuestras puertas el año que viene». Incluso, Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro, añadió que los fondos propuestos «ni siquiera alcanzarían para los salarios».

En busca de apoyo y visibilidad para su reclamo, los rectores se hicieron presentes en el Congreso Nacional, donde mantuvieron reuniones con legisladores de diferentes bloques, incluyendo Unión Por la Patria, la Coalición Cívica y Provincias Unidas. Durante el encuentro, Mónica Biasone y Carlos Greco, referentes de la Comisión de Asuntos Económicos del CIN, detallaron los cálculos que respaldan su pedido. Explicaron que, partiendo del crédito previsto para 2026, sumaron la recomposición necesaria para cumplir plenamente con la ley de financiamiento universitario, aprobada en octubre de 2025. Solo los gastos de personal, estimados en $8,368 billones, ya superan el presupuesto total que el Gobierno destina a las universidades para 2027.

Los representantes universitarios enfatizaron que el proyecto oficial incumple la ley vigente al anualizar el presupuesto actual con un aumento de apenas el 20% para gastos de funcionamiento, una cifra que no cubre ni siquiera la inflación proyectada para 2025. El monto de $11,005 billones planteado por el CIN como punto de partida ni siquiera incorpora la inflación futura. Ante este panorama crítico, se espera una nueva reunión entre el Gobierno y los representantes universitarios este jueves, donde se buscará alcanzar un acuerdo que evite una crisis sin precedentes en la educación superior pública del país. La comunidad educativa espera que se abra un espacio de diálogo para encontrar una solución a lo que consideran un problema de Estado.

Fuente original: Chaco Día por Día