La Justicia de Chubut dictó sentencia contra un suboficial de la Policía, Carlos Gustavos Perrota, de 50 años, al hallarlo culpable del delito de abuso sexual simple en un contexto de violencia de género. La condena impuesta fue de un año de prisión de ejecución condicional, lo que implica que la pena no será de cumplimiento efectivo en una cárcel, siempre y cuando Perrota acate una serie de estrictas reglas de conducta.

El hecho por el cual fue juzgado ocurrió el 12 de abril de 2025, en el sector de la cuadra de una comisaría ubicada en Sarmiento, provincia de Chubut. La denuncia fue iniciada por una agente policial y el caso fue impulsado por las procuradoras Luciana Coppini y Tamara Bernardi del Ministerio Público Fiscal, quienes llevaron la acusación hasta la instancia de juicio, donde se determinó la responsabilidad penal del suboficial.

El juez penal Alejandro Rosales estableció, además de la pena en suspenso, que Perrota deberá cumplir reglas de conducta durante dos años. Entre ellas, se destaca la obligación de fijar domicilio y notificar cualquier cambio al Tribunal y al MPF, abstenerse de cometer nuevos delitos, y la prohibición absoluta de contactar a la víctima por cualquier medio. Esto incluye encuentros personales, comunicaciones por redes sociales o a través de terceros, y la imposibilidad de acercarse a menos de 100 metros de su vivienda, trabajo o lugares que frecuente.

La sentencia también impone al condenado la obligación de someterse a un tratamiento psicoterapéutico, cuya necesidad será evaluada por el Cuerpo Interdisciplinario Forense local. Además, deberá asistir a un curso de capacitación sobre violencia de género y presentarse cada cuatro meses ante el Cuerpo de Delegados de Control. La abstención del consumo de estupefacientes y el consumo excesivo de alcohol son otras de las pautas a seguir, bajo apercibimiento de que el incumplimiento de estas condiciones podría derivar en la revocación de la prisión en suspenso y la ejecución efectiva de la pena.

Cabe destacar que el magistrado no accedió al pedido de la fiscalía de inhabilitación perpetua para Perrota. La decisión se basó en que, si bien el incidente ocurrió dentro de una dependencia policial, el suboficial no se encontraba prestando servicios en esa comisaría específica al momento del hecho, lo que, según el juez, no configuraba la agravante legal invocada para aplicar dicha pena accesoria. No obstante, la declaración de responsabilidad penal y las demás reglas de conducta se mantienen firmes, buscando garantizar la protección de la víctima y la resocialización del condenado.

Fuente original: Infobae