Un grave escándalo de corrupción sacude a la Armada Argentina, luego de que el comandante en jefe, almirante Juan Carlos Romay, decidiera relevar de sus funciones a nueve integrantes de la fuerza. La medida afecta a ocho capitanes de corbeta y un suboficial, quienes son investigados por haber recibido cobros indebidos durante distintos períodos, lo que motivó su pase a disponibilidad inmediata.

Según trascendió desde el Ministerio de Defensa, los militares involucrados quedarán sin asignaciones y serán sometidos a una exhaustiva investigación disciplinaria, enmarcada en el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. Esta acción se desencadenó tras una denuncia de estafas que involucra a estos efectivos, y corre por un carril independiente del proceso judicial que ya se inició en los tribunales federales.

La Armada Argentina ya presentó una denuncia penal por un fraude que asciende, inicialmente, a casi 938 millones de pesos. Este monto se habría concretado a través de 645 acreditaciones irregulares de haberes, realizadas entre julio de 2022 y enero de 2026. Las proyecciones indican que el perjuicio económico podría ser aún mayor, llegando a superar los 1.600 millones de pesos, y afectando a un número de oficiales que podría ser superior a los 23 inicialmente señalados.

El mecanismo del fraude, según la investigación interna que derivó en la denuncia judicial, implicaba la modificación manual de registros y archivos después de los controles ordinarios y antes de su envío al Banco Nación. Luego, ciertos valores eran restituidos a su estado original para que los montos adicionales no figuraran en los recibos oficiales. También se detectaron pagos a personas sin vínculo con la Armada, como María del Carmen Prieto, Damián Andrés Santana y Amalia Cristina Díaz, quienes habrían recibido una suma considerable del total del fraude.

Una figura central en la investigación es Ariel Baltasar Atanasoff, exjefe del Departamento Revista, cuya cónyuge, María del Carmen Prieto, habría recibido pagos por más de 152 millones de pesos. Atanasoff habría reconocido en las actuaciones administrativas que conocía y realizaba estas acreditaciones de forma manual, decidiendo personalmente a quiénes y por qué montos favorecer económicamente, sin la participación de otras personas. La Justicia deberá determinar las responsabilidades individuales, que podrían derivar en la destitución de los implicados.

Ante la gravedad de los hechos, la Armada emitió un comunicado reafirmando su «tolerancia cero» frente a cualquier irregularidad en el manejo de los recursos públicos. La institución ha reforzado los controles internos, separando las funciones de liquidación, pago y conciliación, y relevando preventivamente a Atanasoff, además de preservar todos los equipos y archivos relacionados con el caso.

Fuente original: Clarín