La estrategia de reelección de Javier Milei, impulsada por su hermana Karina, se encuentra en un punto de inflexión. La Casa Rosada busca asegurar el apoyo de los gobernadores aliados, ofreciendo no postular candidatos libertarios en sus provincias para las elecciones locales. A cambio, espera reciprocidad en 2027 y la cesión de espacios en las listas de legisladores nacionales, una negociación que promete ser compleja.

Sin embargo, el panorama político ha cambiado drásticamente. Gobernadores aliados perciben una caída en la imagen presidencial, que de ostentar un 50% de aprobación, hoy ronda los 30 puntos en varios distritos. Esta merma impacta directamente en la agenda legislativa y en las futuras alianzas. Prueba de ello fue el rechazo en comisión al paquete del Super Rigi y la aprobación de proyectos de la oposición, como la prórroga de la emergencia en discapacidad y la iniciativa para deudores morosos, con un apoyo abrumador en ambas cámaras.

Internamente, el oficialismo enfrenta desafíos. Un análisis del electorado lo divide en tres tercios: anti-Milei, pro-Milei con menor convicción y un sector indeciso. A diferencia de frentes pasados, el Presidente no ha logrado consolidar una coalición homogénea y enfrenta la posibilidad de potenciales competidores dentro del propio espacio ideológico, como Victoria Villarruel, lo que podría restarle votos valiosos. Incluso en la provincia de Buenos Aires, reconocen que sería muy difícil ganarle la gobernación al peronismo.

A pesar de la buena noticia de la baja de la inflación al 1,7%, la más baja en 14 meses, y el fortalecimiento de las reservas del Banco Central, la microeconomía sigue siendo una preocupación central. El reclamo social se enfoca en el dinero que no alcanza, los salarios estancados, el empleo y el aumento de tarifas, en un contexto de caída del consumo y de la recaudación. Esto forzó al Gobierno a proyectar un mayor ajuste del gasto público para 2026, el más alto de la gestión libertaria.

En este escenario, los jubilados emergen como los grandes olvidados. Según datos del INDEC, la jubilación mínima, incluso con el bono adicional, está por debajo de la línea de pobreza, afectando a más de 5 millones de argentinos. Lo más indignante es que el bono de $70.000 lleva 30 meses sin actualizarse, y de haberse ajustado por inflación, hoy debería superar los $219.000. La falta de atención política a esta situación contrasta con el impacto directo que tiene en la vida de millones de adultos mayores.

Si bien el gobierno puede celebrar el control de la inflación y la erradicación de los piquetes, la persistente crisis en la microeconomía y la desatención a sectores vulnerables como los jubilados plantean serios interrogantes sobre la viabilidad de la reelección de Milei. La sociedad ha naturalizado algunos de estos problemas, pero la indignación por la precarización de los adultos mayores podría ser un factor determinante en el futuro político del país.

Fuente original: Clarín