Más de un centenar de integrantes de la comunidad indígena Emberá Katío, conocida como ‘El 90’, han llegado a Medellín, Colombia, buscando refugio tras ser forzados a abandonar sus hogares en Chocó. La huida masiva se produjo como consecuencia de la escalada de violencia y el asedio constante de grupos armados ilegales que operan en la región.

El desplazamiento, reportado desde la noche del pasado lunes, involucra a 35 familias, totalizando 130 personas. Entre los afectados se encuentran mujeres embarazadas, numerosos niños y líderes comunitarios, quienes tuvieron que dejar abruptamente su territorio ancestral en la vereda Tutunendo, zona rural de Quibdó. Los hostigamientos, amenazas e intimidaciones son atribuidos principalmente al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La situación se tornó crítica tras el asesinato de Luis Ángel Arce Borocuara, un destacado líder de la comunidad que trabajaba en programas de infancia, ocurrido el 2 de julio. A este crimen se sumó un intento de asesinato contra otro líder indígena el 19 de agosto, también atribuido a integrantes del ELN. La comunidad también ha denunciado el confinamiento y los combates entre el ELN y el Clan del Golfo, que los mantenían atrapados en medio del conflicto.

Antes de emprender el camino hacia Medellín, los líderes Emberá Katío buscaron desesperadamente ayuda en la Gobernación del Chocó para exponer la grave situación de orden público. Sin embargo, al no sentirse escuchados ni protegidos, tomaron la dolorosa decisión de desplazarse hacia Antioquia, percibiendo que no había garantías para su seguridad y la de sus familias.

El gobernador de la comunidad, Diego Arce, hermano de la víctima, describió la emergencia como “crítica” y lamentó la falta de apoyo institucional: “Asesinaron a mi hermano, líder de la comunidad, fue hace dos meses y todavía no hemos recibido el apoyo de las instituciones”. Además, advirtió que personas mayores se quedaron en el territorio por no querer abandonar sus pertenencias, aumentando la preocupación por su destino.

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos y el Ministerio Público, ha iniciado un acompañamiento integral para las familias desplazadas. El secretario Carlos Alberto Arcila explicó que se realizará un diagnóstico base, se entregarán ayudas humanitarias y se procederá con la caracterización de la comunidad. No obstante, el posible retorno a sus tierras dependerá de una exhaustiva evaluación de seguridad y de que se brinden garantías reales para quienes huyeron de la violencia.

Fuente original: Infobae