En Argentina, la corrupción encuentra en la ‘simulación de actos jurídicos’ una herramienta predilecta para encubrir sus maniobras ilícitas. Nuestro Código Civil y Comercial de la Nación la describe como un vicio donde se disfraza la verdadera naturaleza de un acto, se incluyen cláusulas falsas, fechas incorrectas o se transfieren derechos a ‘prestanombres’ que no son los verdaderos beneficiarios. Esta simulación es ilícita cuando busca defraudar la ley o perjudicar a terceros, quienes pueden probarla por cualquier medio, siendo el Estado y el Ministerio Público actores clave en esta tarea.

Dada la complejidad de estas operaciones, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido a las presunciones o indicios como las pruebas más efectivas para desentrañar la simulación. Exigir una confesión directa o un contradocumento haría casi imposible su demostración. Las convenciones internacionales contra la corrupción, suscritas por nuestro país, también avalan la validez probatoria de estos indicios. Entre los más comunes se encuentran la falta de ejecución real de un contrato, vínculos estrechos entre las partes, ausencia de capacidad económica del comprador, valuaciones de bienes desproporcionadas y circunstancias inusuales en los actos.

Ejemplos de estas maniobras han trascendido en la opinión pública. Se ha reportado la adquisición de inmuebles por parte de un ex alto funcionario a poco tiempo de ser comprados por terceros, sin una ganancia aparente para estos últimos y con condiciones de financiamiento atípicas. Asimismo, personas con recursos limitados y sin ingresos justificables, según investigaciones periodísticas, habrían adquirido propiedades suntuosas sin acreditar su posesión o pago de gastos. En el caso de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se investigó un llamativo cambio de domicilio social a un terreno baldío, que no se condice con la realidad operativa de la entidad, sugiriendo una fachada para evadir controles.

La causa ‘Vialidad’ es un claro precedente de cómo una acumulación de indicios graves, precisos y concordantes puede llevar a una condena por corrupción. La sentencia contra la expresidenta Fernández y otros, ratificada en su regularidad por la Corte Suprema, demostró la eficacia de este sistema probatorio. Sin embargo, persisten ataques a este tipo de fallos y a la independencia judicial, lo que genera indignación social.

La sociedad argentina reclama un compromiso inquebrantable contra la corrupción, más allá de las banderías políticas. Como señaló el Arzobispo de Buenos Aires, no se trata de partidos, sino de ser honestos y transparentes. El Papa Francisco advierte que la corrupción es el ‘cáncer de un pueblo’, desfigurando la dignidad humana y destruyendo ideales. Solo habrá paz social y progreso cuando los ciudadanos y las instituciones, especialmente la Justicia, sean inmunes a las presiones del poder y se erradique la dañina idea de que ‘roban, pero hacen algo’.

Fuente original: La Nación