La expansión de las plataformas digitales como PedidosYa, Rappi, Uber y Cabify ha transformado radicalmente el mercado laboral argentino. Cada vez más personas recurren a estas aplicaciones de reparto y transporte como su principal fuente de ingresos, enfrentando condiciones laborales que muchos denuncian como precarias y sin las garantías básicas que ofrece el empleo tradicional. Ante esta realidad, la demanda por una regulación nacional que asegure derechos, seguridad social y condiciones de trabajo dignas se intensifica.

El debate cobró un nuevo impulso tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia bonaerense, que avaló la potestad del Ministerio de Trabajo provincial para fiscalizar y sancionar a estas empresas. Si bien el Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SITRAREPA) consideró la resolución un avance, enfatizó que aún no modifica la situación real de los repartidores. Para los gremios, la clave es que el trabajo en plataformas sea reconocido como una actividad laboral con plenos derechos, trascendiendo la mera regulación del funcionamiento de las apps.

En este contexto, diversas iniciativas legislativas buscan dar respuesta. En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof impulsa un Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales, que contempla registros, información y fiscalización para las empresas, además de la obligatoriedad de un seguro de accidentes personales para los trabajadores. A nivel nacional, la diputada Vanesa Siley presentó un proyecto de ley que propone un régimen específico de derechos para quienes operan en estas plataformas, incluyendo libertad horaria, un botón de emergencia, estaciones sanitarias y, fundamentalmente, la transparencia algorítmica para que los trabajadores conozcan cómo funcionan los sistemas que rigen su empleo y eviten bloqueos arbitrarios.

La discusión sobre la regulación del trabajo en plataformas no es exclusiva de Argentina. En toda la región y a nivel global, se debate sobre la naturaleza del vínculo entre las empresas y los trabajadores: ¿son dependientes o independientes? La Organización Internacional del Trabajo (OIT) incluso adoptó el Convenio 193, que establece estándares para el trabajo decente en la economía de plataformas, reconociendo la libertad sindical, la negociación colectiva y la protección frente a decisiones automatizadas. Sin embargo, cada país debe ratificar este convenio para que sus disposiciones entren en vigor.

Mientras el debate avanza en distintas esferas, miles de repartidores y choferes argentinos continúan en las calles y en las redes, reclamando una ley nacional que ponga fin a la precarización y les brinde la seguridad y los derechos laborales que merecen en una actividad que ya es fundamental en la economía del país.

Fuente original: La Gaceta