En el marco de la Segunda Cumbre de Bioetanol , el panel dedicado al «Marco regulatorio de los biocombustibles en Argentina» concentró el debate político sobre el futuro del sector. Con la moderación del secretario de Estado de Producción y presidente del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), Eduardo Castro ; el gerente del Ipaat, Jorge Etchandy ; y el especialista Claudio Molina , los legisladores nacionales expusieron sus visiones sobre la necesidad de una nueva ley, la defensa del empleo regional y el esquema de transición energética.

La senadora nacional por Tucumán, Beatriz Ávila , abrió las exposiciones con una fuerte reivindicación de la historia y el peso productivo de la provincia, recordando los orígenes pioneros del Plan Alconafta a fines de los años 70 y la posterior sanción de la ley 26.093 en 2006. La legisladora remarcó que la normativa actual se encuentra agotada y enfatizó que el sector necesita reglas de juego claras a largo plazo para asegurar inversiones.

Ávila respaldó su planteo con datos sobre la evolución de la actividad: destacó que en los últimos 15 años la superficie de caña de azúcar creció un 50%, al pasar de unas 280.000 hectáreas en 2010 a 420.000 en 2025. En paralelo, subrayó que en la zafra 2025 la producción de alcohol se triplicó y que el bioetanol absorbió el 25% de la materia prima, representando más del 29% de los ingresos brutos del sector sucroalcoholero.

Al referirse a los proyectos en tratamiento en el Congreso, donde confluyen iniciativas de diversos bloques y del Poder Ejecutivo, Ávila recordó su propuesta de elevar el corte obligatorio de bioetanol en naftas al 18% (frente al 15% contemplado en otros textos) y tomó el ejemplo de Brasil, donde la discusión ya no gira en torno a si aumentar la mezcla, sino en qué magnitud hacerlo. Asimismo, trazó un paralelismo histórico al recordar que este año se cumplen seis décadas del cierre de 11 ingenios durante el gobierno de facto de Onganía, para dimensionar el impacto social devastador que provocan las decisiones centralistas sobre las economías del Norte Grande.

A su turno, la senadora nacional por Salta, Flavia Royón, focalizó su intervención en la necesidad de dotar al marco regulatorio de una visión integral y estratégica. La legisladora salteña advirtió que la apertura indiscriminada de importaciones guiada exclusivamente por variables coyunturales de precios representa una amenaza para la mano de obra y el tejido productivo local.

Citando la tesis del libro «Patear la escalera» del economista Ha-Joon Chang, Royón explicó que las potencias industriales alcanzaron su desarrollo protegiendo a sus sectores productivos para luego exigir libre mercado a los países en desarrollo. En ese sentido, sostuvo que Argentina debe integrarse al mercado internacional de forma inteligente, con mecanismos de adaptación y resguardo ante prácticas desleales como el dumping o los excedentes de producción externa.

La senadora puntualizó que su iniciativa legislativa amplía el enfoque hacia las bioenergías modernas, incorporando capítulos específicos para el biogás y el SAF (combustible de aviación sostenible). Según Royón, el diseño de la matriz no puede quedar atado a los vaivenes diarios del barril de petróleo ni a la falta de empatía con los trabajadores, sino que debe sustentarse en un plan de desarrollo estructural de largo aliento.

El cierre del panel estuvo a cargo del diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Andrés Leone, que responde al mileismo, quien valoró el potencial diversificador de las bioenergías para reducir la alta dependencia argentina del gas y el petróleo frente a la volatilidad de los mercados internacionales. Leone planteó que el rumbo general debe orientarse hacia la competitividad y la eficiencia para no trasladar sobrecostos al consumidor, aunque reconoció que dicho proceso requiere plazos y no puede aplicarse de manera descontrolada sin poner en riesgo la continuidad de los ingenios.

Fuente original: La Gaceta

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