Gigantes tecnológicos como Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Alphabet (YouTube), ByteDance (TikTok) y Snap Inc. se enfrentan a miles de demandas judiciales en Estados Unidos. Las acusaciones giran en torno al presunto daño que sus plataformas causan en niños y adolescentes, generando un debate sobre la responsabilidad de estas empresas en la salud mental de los jóvenes.
El proceso legal tomó un nuevo impulso el pasado 10 de agosto, cuando un tribunal federal de apelaciones rechazó los intentos de las compañías de frenar los litigios. Ese mismo día, un nuevo juicio comenzó en California, involucrando a casi 30 estados que acusan a estas firmas de diseñar deliberadamente sus plataformas para mantener enganchados a los usuarios más jóvenes, contribuyendo a problemas como la depresión, la ansiedad y trastornos de imagen corporal.
Históricamente, el artículo 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones había protegido a estas empresas de demandas relacionadas con el contenido publicado por sus usuarios. Sin embargo, este escudo legal mostró fisuras significativas. El Noveno Circuito de Apelaciones dictaminó que el artículo 230 ofrece una defensa ante la responsabilidad, pero no inmunidad ante las demandas, obligando a las compañías a responder por sus decisiones de diseño ante un jurado.
Ya se han visto consecuencias concretas. El estado de Nuevo México logró que un jurado ordenara a Meta pagar 375 millones de dólares en multas civiles por no proteger a usuarios jóvenes de la explotación sexual y por engañar sobre la seguridad de sus plataformas. Además, un juez dictaminó que Meta creó un peligro público, imponiendo una sanción adicional de 567 millones de dólares. A nivel individual, un jurado de Los Ángeles declaró negligentes a Meta y Google, ordenándoles pagar 4,2 millones y 1,8 millones de dólares respectivamente en un caso similar.
Más de mil distritos escolares también han presentado demandas, atribuyendo a estas plataformas el deterioro de la salud mental de los estudiantes y los costos adicionales que esto implica. Incluso, un distrito rural de Kentucky llegó a un acuerdo con las empresas por 27 millones de dólares antes de que su caso llegara a juicio.
Actualmente, hay juicios en marcha en California y Tennessee, donde estados acusan a Meta de violar leyes de protección al consumidor y de recopilar ilegalmente datos de menores. Con la posibilidad de más casos de referencia en 2026 y 2027, el avance de estos litigios intensifica la presión sobre las compañías, mientras los legisladores debaten la implementación de normativas más estrictas para proteger a los usuarios jóvenes.
Fuente original: Infobae