El Ministerio de Salud de la Nación ha implementado una nueva normativa que establece que los extranjeros no residentes en Argentina deberán abonar por la atención sanitaria que no sea de emergencia en los hospitales públicos nacionales. Esta medida, que ya genera debate, surge a partir de modificaciones introducidas en la Ley de Migraciones a través del DNU 366/2025 y busca optimizar el uso de los recursos del sistema de salud.

La resolución detalla que, en caso de que el paciente cuente con un seguro de salud, el costo será facturado directamente a la aseguradora. Si no posee cobertura, la persona deberá efectuar el pago del servicio de forma anticipada, antes de recibir la prestación. Este procedimiento quedó formalizado bajo el nombre de “Procedimiento operativo para la atención sanitaria de personas extranjeras en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado Nacional”.

Es fundamental destacar que la atención de emergencias, definida como cualquier situación que represente un riesgo inminente para la vida o funciones vitales (como infartos, ACV o traumatismos graves), seguirá siendo gratuita y garantizada para todas las personas, sin importar su estatus migratorio. Bajo ninguna circunstancia podrá negarse o demorarse la asistencia en estos casos. Una vez superada la emergencia y estabilizado el paciente, las atenciones subsiguientes podrán ser facturadas. Los residentes permanentes, por su parte, continuarán accediendo al sistema de salud en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos, presentando su DNI.

La justificación de esta medida, según lo expresado en el DNU original, radica en la preocupación por la sostenibilidad del sistema sanitario público. Se argumenta que la afluencia de ciudadanos de países vecinos que acuden a Argentina exclusivamente para recibir prestaciones de salud gratuitas, incluso de alta complejidad, ha generado una demanda asistencial que afecta la calidad del servicio y la asignación de recursos humanos y materiales.

La normativa establece pautas claras para el recupero de costos, incluyendo la notificación a las aseguradoras en un plazo de 24 horas y un período de 45 días para el pago. También se detallan los requisitos para acreditar la residencia permanente o la cobertura de un seguro, y los pasos a seguir para el pago previo de consultas o intervenciones programadas. Se prevén auditorías internas y capacitación para el personal involucrado, buscando estandarizar los procesos administrativos y financieros en todos los establecimientos dependientes del Estado nacional.

Fuente original: Infobae