Activistas y familiares de detenidos por razones políticas en Venezuela reclamaron este viernes al gobierno de Nicolás Maduro que permita el acceso al país de organismos internacionales de derechos humanos. La solicitud, presentada ante la Cancillería en Caracas, busca que entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Cruz Roja Internacional puedan constatar las presuntas violaciones a los derechos humanos que se estarían cometiendo en la nación caribeña.
Andreína Baduel, en representación del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), entregó un documento clave que subraya la necesidad de que la Cruz Roja Internacional acceda a los centros penitenciarios para verificar las condiciones de detención. Baduel, hija del fallecido exministro Raúl Isaías Baduel, quien murió en custodia en 2021, enfatizó la urgencia de que estos organismos puedan documentar la situación que enfrentan los presos políticos. Además, se pidió la entrada de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, a la que el gobierno venezolano le ha negado el acceso previamente.
El pliego de cinco solicitudes del CLIPP insta a la Cancillería a formalizar las invitaciones y establecer los protocolos necesarios para las visitas de la CIDH y la misión de la ONU. También solicita que el Comité Internacional de la Cruz Roja obtenga autorización para realizar visitas regulares a las cárceles y evaluar aspectos como la salubridad, integridad física, nutrición y atención médica de los reclusos. Otro punto crucial es la creación de un canal de comunicación directo entre el CLIPP y el Ministerio de Relaciones Exteriores para informar sobre muertes bajo custodia y desapariciones forzadas que aún no han sido esclarecidas.
La situación en las cárceles venezolanas es alarmante, según informes recientes. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reportó que al menos 51 presos comunes fallecieron entre abril y julio de este año, muchos de ellos por enfermedades prevenibles o tratables que no recibieron atención médica adecuada. Por su parte, la organización Foro Penal informó que al 3 de agosto, 382 personas continúan encarceladas por motivos políticos en Venezuela, incluyendo 40 extranjeros. De estos, 158 cumplen condena y 224 aguardan sentencia, lo que evidencia la persistente crisis de derechos humanos que atraviesa el país.
Fuente original: Infobae