Las organizaciones criminales en Costa Rica han encontrado un nuevo y lucrativo nicho: el tráfico de fauna y flora. Lejos de ser una actividad secundaria, esta modalidad delictiva se ha integrado a sus operaciones principales, aprovechando las sofisticadas redes logísticas y rutas que originalmente se utilizaban para el narcotráfico, el tráfico de armas y la explotación ilegal de madera.
Autoridades judiciales y organismos internacionales han advertido sobre esta preocupante tendencia. La diversificación hacia los delitos ambientales se explica por la alta rentabilidad que ofrecen y, paradójicamente, por el bajo riesgo judicial que conllevan. A nivel global, el mercado de crímenes ambientales mueve cifras astronómicas, estimadas entre 110.000 y 481.000 millones de dólares anuales, posicionándose entre los ilícitos de mayor volumen económico, solo superados por algunas otras actividades transnacionales.
Un informe reciente de CR Hoy subraya la magnitud del problema en Costa Rica. El jefe de la Sección de Biología Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló que los delitos contra el medio ambiente representan hasta el 38% de los fondos de estas organizaciones, superando incluso a los ingresos generados por el tráfico de drogas, la extorsión o el robo. Esta evolución demuestra una clara estrategia de las redes criminales para expandir sus fuentes de financiamiento.
La clave de esta expansión radica en la reutilización de las infraestructuras existentes. Las mismas rutas que sirven para mover estupefacientes son ahora empleadas para transportar especies silvestres y recursos naturales, eliminando la necesidad de crear nuevos corredores y reduciendo significativamente los costos operativos y los riesgos. Los contactos y puntos de control previamente establecidos facilitan en gran medida la circulación de estos bienes ilícitos.
Si bien el traslado de animales vivos presenta desafíos logísticos específicos, las organizaciones criminales están dispuestas a asumirlos debido a los cuantiosos beneficios económicos. En diversos operativos policiales se han incautado animales exóticos y partes de especies protegidas en propiedades vinculadas a estas redes, elementos que no solo poseen un alto valor comercial sino que también funcionan como símbolos de estatus y poder dentro de la estructura criminal.
Uno de los factores que impulsan esta modalidad es la debilidad de la legislación penal costarricense. Los delitos contra la vida silvestre son sancionados con penas máximas de cuatro años de prisión, lo que impide que sean clasificados como crimen organizado y limita la aplicación de medidas cautelares más estrictas, como la prisión preventiva. Esta situación ha llevado a fiscales ambientales a señalar la existencia de una cooperación funcional entre narcotraficantes y grupos dedicados a delitos ambientales, sin que las leyes actuales permitan una persecución más contundente.
Además, las instituciones encargadas de investigar y perseguir estos crímenes enfrentan serias carencias de recursos humanos y materiales. Las fiscalías ambientales operan con equipos mínimos y escaso apoyo técnico, mientras que las unidades policiales especializadas cuentan con pocos investigadores para cubrir zonas de alta incidencia. Esta brecha facilita la continuidad y expansión de las actividades ilícitas, con un riesgo de sanción muy bajo.
La minería ilegal y la explotación de madera de especies protegidas también forman parte de este entramado criminal. El oro extraído ilícitamente es particularmente atractivo por su facilidad para ser blanqueado e incorporado a la economía formal. La adquisición de tierras y fincas para estas actividades genera dependencia económica en las comunidades locales, que a menudo se ven obligadas a subsistir de ingresos provenientes de explotaciones ilegales.
Ante este panorama, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha instado a los Estados miembros a revisar y fortalecer sus legislaciones, buscando que el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres sea considerado un delito precedente en la persecución del lavado de activos. Estas medidas son cruciales para mejorar la capacidad institucional y enfrentar los complejos desafíos que los delitos ambientales plantean en la región.
Fuente original: Infobae