Un informe reciente del prestigioso Financial Times encendió las alarmas en Colombia y la región. Según la publicación, grupos armados y carteles del narcotráfico colombianos estarían enviando a sus combatientes a Ucrania para recibir entrenamiento en guerra con drones de última generación. El objetivo sería trasladar estas avanzadas capacidades al conflicto interno, una situación que coincide con un cambio presidencial y un notable deterioro de la seguridad estatal en el país.

Este riesgo no es hipotético. El Ministerio de Defensa colombiano ya registró 264 ataques con drones entre 2024 y 2025, aunque las Fuerzas Militares afirman haber neutralizado la mayoría. El gobierno incluso anunció una inversión millonaria para un escudo antidrones. La investigación del medio británico se originó al descubrir un voluntario colombiano en el frente ucraniano con vínculos a estructuras criminales de su país, lo que llevó a la repatriación de algunos de estos individuos.

La preocupación radica en el nivel de especialización que estos combatientes están adquiriendo. Un cooperante colombiano en Ucrania describió una compleja red donde ex-paramilitares, ex-guerrilleros y ex-soldados aprenden juntos a manejar drones. Los grupos criminales ya utilizan drones comerciales modificados para lanzar explosivos, pero buscan incorporar destrezas avanzadas como el pilotaje en primera persona, el cifrado de comunicaciones entre operador y aeronave, y la instalación precisa de cargas explosivas. Incluso buscan replicar la táctica de drones conectados por fibra óptica, utilizada en Ucrania y por Hezbolá, para evadir interferencias.

El ministro de Defensa saliente, Pedro Sánchez, advirtió que la expansión de esta tecnología ya alteró las condiciones del combate, planteando un desafío significativo para la supremacía aérea del Estado. Esta transformación se evidenció en episodios recientes, como un ataque en diciembre que dejó siete uniformados muertos, o en abril, donde drones causaron la muerte de tres soldados y dañaron un radar militar.

Analistas de seguridad instan al Estado colombiano a impedir la transferencia de estos conocimientos adquiridos. Sánchez lamentó que la «triste realidad» de las bajas pensiones de muchos veteranos colombianos los empuje a buscar trabajo como mercenarios. Se estima que hasta 500 veteranos colombianos murieron en Ucrania desde la invasión rusa, y unos 10.000 han sido reclutados como mercenarios globalmente en la última década, dada su experiencia en más de 50 años de conflicto interno.

Este fenómeno se enmarca en la transición política colombiana. El presidente saliente, Gustavo Petro, había criticado el trato a los colombianos en Ucrania, mientras su gobierno intentó reducir estos incentivos. Ahora, el presidente electo Abelardo de la Espriella, conocido por su postura de línea dura en seguridad, asumirá el cargo con el desafío de «restablecer la autoridad del Estado» en regiones violentas. La International Crisis Group resume la situación: el ejército «ha perdido el monopolio del espacio aéreo, lo que representa una amenaza» para el nuevo gobierno.

Fuente original: Infobae