El gobierno de la Ciudad de México presentó un ambicioso paquete de medidas para fortalecer el combate al despojo ilegal de viviendas. La iniciativa, anunciada por la jefa de gobierno Clara Brugada, incluye la creación de agencias especializadas dentro de la Fiscalía General de Justicia, la asignación de veinte jueces dedicados exclusivamente a estos casos en el Poder Judicial y la implementación de un sistema de alerta registral institucional en el Registro Público de la Propiedad.
Estas acciones buscan profundizar el trabajo del Gabinete contra los Despojos, que en sus trece meses de funcionamiento ya atendió más de mil casos. De estos, 388 fueron identificados como posibles despojos, logrando ejecutar 317 acciones efectivas, entre restituciones de inmuebles y aseguramientos, lo que representa una tasa de éxito del 82%. Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó la detención de 46 personas por este delito en lo que va del año.
La Fiscalía General de Justicia, bajo la dirección de Bertha Alcalde Luján, inaugurará tres nuevas unidades: una Agencia de Judicialización Rápida para casos con pruebas contundentes, una Agencia de Investigación Estratégica enfocada en redes criminales y fraudes, y una Unidad de Análisis Criminal para detectar patrones. Se establecieron plazos estrictos de 15 días para el aseguramiento y restitución de inmuebles con documentación en regla, y 30 días para la judicialización de los responsables.
Por su parte, el Poder Judicial de la Ciudad de México, presidido por Rafael Guerra Álvarez, creó una unidad especializada con veinte jueces que trabajarán exclusivamente en casos de despojo. También se desarrollará una base de datos institucional de procedimientos judiciales sobre inmuebles, alimentada por diversas entidades, para brindar a los jueces mayor información. Asimismo, se fortalecerá la obligatoriedad de solicitar medidas de seguridad, como el uso de la fuerza pública, en las órdenes de desalojo.
Desde el Registro Público de la Propiedad, Héctor Muñoz Ibarra presentó dos mecanismos clave: una alerta registral institucional que se activa automáticamente ante cualquier trámite sobre un inmueble bajo investigación, generando una notificación interinstitucional inmediata, y una Unidad de Inteligencia Registral que investigará historiales de propiedad y verificará la autenticidad de documentos. Se propuso también una reforma legal para rechazar definitivamente escrituras de otras notarías que no confirmen su autenticidad.
Finalmente, la jefa de gobierno Brugada anunció la creación de un equipo especial de control interno, adscrito a la Contraloría, con el objetivo de investigar y sancionar a cualquier servidor público que facilite o encubra despojos, reafirmando una política de “cero tolerancia” a la corrupción inmobiliaria.
Fuente original: Infobae