La comunidad de La Zurza, en el Distrito Nacional de República Dominicana, se vio sacudida el pasado fin de semana por un nuevo y trágico caso de femicidio. Nelisa Figueroa, de 27 años, perdió la vida tras recibir múltiples heridas de arma blanca, un suceso que ha generado una profunda conmoción en todo el país caribeño.
El presunto responsable del crimen, Keury Samuel Upía, de 32 años y conocido como “el Tullido”, quien era la expareja de la víctima, fue detenido en el acto. La rápida intervención de los vecinos fue clave, ya que lograron retenerlo e impidieron que escapara hasta la llegada de las autoridades. Según informó la Policía Nacional, el brutal ataque ocurrió en la propia residencia de Figueroa. Agentes policiales acudieron al lugar tras una alerta al 9-1-1 y encontraron a la joven ya sin signos vitales, procediendo inmediatamente al arresto del agresor.
La Policía Científica recolectó en la escena el arma blanca utilizada y otras pruebas que ya forman parte de la investigación a cargo del Ministerio Público. La tragedia es aún mayor al considerar que Nelisa Figueroa deja en la orfandad a dos pequeños, de siete y cuatro años, una situación que el vocero policial, Diego Pesqueira, lamentó profundamente. Este femicidio no es un hecho aislado; en lo que va del año, República Dominicana registra al menos 24 casos, según organizaciones feministas, lo que evidencia una preocupante escalada de violencia de género.
La persistencia de estos crímenes ha reavivado un intenso debate social sobre la efectividad de los mecanismos de protección para las mujeres y la respuesta del sistema judicial ante las denuncias. Las cifras muestran que la mayoría de los femicidios siguen un patrón similar: los agresores son parejas o exparejas de las víctimas, muchas de las cuales ya habían reportado situaciones previas de violencia. A pesar de que el Código Penal dominicano tipifica el femicidio como un delito grave con penas de hasta 30 años de prisión, y contempla agravantes como la presencia de menores o denuncias previas, las organizaciones de la sociedad civil reclaman una aplicación más rigurosa de la ley, la creación de más refugios y programas de atención psicológica para las víctimas.
Familiares de Nelisa Figueroa y de otras víctimas exigen justicia y mayor protección para los niños que quedan en situación de vulnerabilidad. La muerte de Figueroa vuelve a poner en el centro de la agenda pública la imperiosa necesidad de fortalecer las políticas públicas y asegurar que las denuncias de violencia de género sean atendidas con la urgencia y el rigor necesarios, a fin de evitar que más mujeres pierdan la vida en circunstancias tan desgarradoras.
Fuente original: Infobae